Sorprendiendo a algunos diputados y al propio Gobierno, otros diputados aliados de los empresarios de la violencia, incluyeron en el llamado "Combo del ICE" un artículo (171) que deroga la Ley de espectáculos públicos en todos sus alcances, lo que preocupa especialmente en el caso de la televisión, que es donde más falta hace, precisamente porque se dirige a un público indeterminado en que resulta imposible controlar el acceso de menores de edad.
La escalada de violencia en las comunidades, concordante con la escalada de la violencia y la pornografía en televisión, resulta ya incontenible, según lo señalan todos los indicadores: las personas citan la inseguridad en calles y hogares como una de sus principales preocupaciones; la violencia intrafamiliar creció más de un 150 por ciento en el último año; la explotación sexual de menores es tan descarada, que Costa Rica ha sido acusada por ello ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la población penal se ha triplicado en los últimos siete años; y la desintegración y desmoralización sociales cunden por todas partes.
No obstante la relación directa entre la violencia real y la violencia televisiva, en un proyecto legislativo los mercaderes de la violencia "meten el gol" de derogar uno de los principales instrumentos para detener la difusión masiva de esta ola de violencia física y sexual que amenaza con destruirnos, yendo en contra de elementales valores, de la política del Gobierno expresada en la Directriz N∫17 y en recientes acciones del Ministerio de Justicia y del Inamu.