EscucharEn momentos en que el discurso sobre la globalización pretende reducir las fronteras entre Estados a su más mínima expresión, hemos asistido, en América Latina, como en otras regiones del mundo, a un resurgimiento de las "cuestiones" fronterizas, que despiertan pasiones políticas de toda índole, enturbiando seriamente las relaciones entre Estados.
Globalización y fronteras. Y es que, hasta tanto una frontera no sea considerada de ambos lados como plenamente equitativa, lo "fronterizo" amenaza con resurgir, dependiendo de una combinación de factores primordialmente políticos, pero también geográficos (cambios de configuración en la geografía, p. e.), sociales (incremento del flujo humano en las zonas fronterizas, p. e.), económicas (descubrimiento de reservas minerales o explotación de recursos naturales) u otros. Todo ello afectando seriamente las relaciones entre estados, o, para tomar el caso centroamericano, incidiendo negativamente en los procesos de integración regional. Dejando la tierra firme para la fluidez de las aguas, nos encontramos ante la misma situación en el mar. El aumento del flujo de flota mercante o de pesca, la explotación de recursos marinos, el incremento de operaciones vigilancia marítima o de las concesiones para la exploración en busca de hidrocarburos, tienden a provocar roces entre estados cuando no se tiene claridad sobre las líneas que separan sus respectivas zonas marítimas (como bien se sabe, los yacimientos naturales de petróleo y gas se burlan de las fronteras humanas).
Delimitar en el mar. La delimitación de espacios marítimos entre estados es más delicada que la delimitación terrestre, dado que nadie deja, en toda lógica, en manos de vecinos el "quántum" de su propia soberanía y jurisdicción. En el caso de estados cuya frontera terrestre alcanza el mar (delimitación lateral), la evolución del derecho del mar ha alargado sustancialmente la línea, ya que ya no se trata de trazar una línea de 3, 6, o en el caso extremo, 12 millas náuticas, sino de llevarla hasta 200 millas o, incluso, más lejos cuando se presentan circunstancias excepcionales vinculadas a la prolongación de la plataforma continental y la existencia de islas. La longitud que alcanza la delimitación, unida a la configuración de la costa y a la eventual presencia de islas, favorece la transformación de lo que, a primera vista, parecía como una simple delimitación lateral en una verdadera delimitación frontal (es decir, la que se produce cuando las costas de los estados, con vecindad terrestre o no, se hacen frente o están enrostradas).
La complejidad del mar Caribe. Sin embargo, los problemas de delimitación marítima se vuelven más complejos en mares cerrados o semicerrados, es decir, en un mar rodeado por dos o más estados y comunicado con otro mar por una o varias salidas estrechas. En el hemisferio americano, los dos mares semicerrados se encuentran en el norte de la América atlántica: el golfo de México (tres ribereños, de los cuales dos continentales, Estados Unidos y México, y uno insular, Cuba) y el mar Caribe, cuyos ribereños ascienden a 22 estados, de los cuales nueve continentales (México, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica Panamá, Colombia y Venezuela), 13 insulares (Bahamas, Cuba, Haití, República Dominicana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Antigua, Dominica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada, Barbados y Trinidad y Tobago), y 10 territorios dependientes de Gran Bretaña (islas Caimán, islas Turks y Caicos, islas Vírgenes británicas, Anguila y Montserrat), Francia (Guadalupe y Martinica), Holanda (Antillas Holandesas) y Estados Unidos (Puerto Rico e islas Vírgenes estadounidenses).
Es de notar desde ya que en ningún otro mar semicerrado del planeta se da tal numero de ribereños ni una proporción de ribereños insulares superior al de ribereños continentales. Así las cosas, mientras que en el Caribe están implicados intereses de 32 estados o territorios, son solo 7 los estados implicados en las delimitaciones de los inmensos espacios marinos en la extensa Suramérica. A la vez, es de señalar que en ningún otro mar del mundo formaciones insulares minúsculas engendran espacios marítimos tan considerables como en el Caribe.
Si bien muchos de los estados bioceánicos (México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia) disfrutan como ribereños del Pacífico a excepción de Honduras de un litoral amplio y abierto que les permite proyectar su jurisdicción hasta el límite máximo reconocido por el derecho internacional, en su costa caribeña, son, por el contrario, tributo de un exiguo espacio marítimo, fuente de numerosos problemas al ser la superficie acuática existente inferior a la susceptible de ser reclamada por cada uno de los ribereños. A ello habría que añadir las múltiples colindancias que impone no tanto la geografía, sino el desarrollo del derecho del mar y las nuevas proyecciones que ofrece a los estados para extender su soberanía. A modo de ilustración de esta complejidad, señalemos que Honduras, para delimitar su zona económica exclusiva (ZEE) en el Caribe, tiene que negociar con no menos de 8 estados (Guatemala, Belice, México, Cuba, Reino Unido (islas Caimán), Jamaica, Colombia y Nicaragua).
Este largo y delicado proceso que exige a los Estados la configuración misma del Caribe se ve, además, entorpecido por varias controversias de incierta resolución: la más conocida es la que opone Nicaragua a Colombia en torno al archipiélago de San Andrés y Providencia (cuyos efectos salieron a relucir cuando Honduras ratificó en noviembre del año 1999 un tratado de delimitación con Colombia firmado en 1986). A ello hay que añadir antiguas pretensiones de Honduras sobre los cayos Zapotillos y Quitasueño, donde compite con Nicaragua frente a Colombia; las difíciles relaciones entre Belice y Guatemala, con la indeterminación de la franja de territorio que corresponde a Belice, a partir de la cual se establecería el punto de partida de su frontera marítima; no olvidemos tampoco el antiguo reclamo haitiano de la isla Navassa, ocupada por Estados Unidos en 1857 con base en el "Guano Island Act".
Finalmente, varios geógrafos han puesto en evidencia la morfología particularmente dinámica en Centroamérica de las desembocaduras de varios ríos internacionales en el Atlántico (río Coco entre Honduras y Nicaragua, río San Juan entre Costa Rica y Nicaragua), que podría dificultar la fijación del punto de partida de la frontera marítima, tradicionalmente coincidente con el punto terminal de la frontera terrestre.
El caso de Costa Rica. Costa Rica tenía hasta hace unas pocas semanas como único límite marino debidamente ratificado el que separa sus aguas de las de Panamá en el Caribe y el Pacífico (tratado del 2 de febrero de 1980). Desde el pasado mes, Costa Rica finalmente ratifica el tratado de delimitación con Colombia firmado el 6 de abril de 1984 que delimita las aguas en la vertiente pacífica (Ley 8084 del 30 de enero del 2001). En cuanto a las negociaciones con Nicaragua, estas aún no han concluido sobre un acuerdo firme, ni en el Pacífico ni en el Caribe, y quedan pendientes de ratificación el anterior tratado firmado con Colombia para el Caribe (firmado el 17 de marzo de 1977), así como un tratado con Ecuador (del 12 de marzo de 1985) sobre el Pacífico. La reciente ratificación del tratado con Colombia en el Pacífico permite, no obstante, a Costa Rica consolidar parte de los beneficios que le otorgan las disposiciones de la Convención sobre Derecho del Mar de 1982, consagrando jurídicamente en un instrumento internacional su jurisdicción sobre espacios marinos casi 10 veces mayores que los de su territorio gracias al efecto dado a la isla del Coco.
Notemos que Panamá es el único país de la región que tiene ratificadas todas sus fronteras marítimas, y ha logrado, además, que se reconociera, en sus tratados con Costa Rica y Colombia, el golfo de Panamá como bahía histórica panameña, pese a las protestas emitidas por Estados Unidos y otras potencias marítimas.
Indeterminación de las fronteras y desarrollo. La falta de delimitación marítima (como la indeterminación de la localización de la línea de la frontera en tierra) causa y seguirá causando periódicamente roces entre los estados, enturbiando sus relaciones bilaterales y eventualmente los procesos de integración regionales. La falta de claridad sobre las fronteras marítimas suelen además frenar iniciativas, sean estas internas o externas, en materia de explotación de recursos marinos, pero también otras relacionadas con proyectos de envergadura regional (o que involucran a instancias multilaterales) en materia, por ejemplo, de protección del medio ambiente marino, o bien en la delicada materia de lucha coordinada contra el tráfico de drogas en el mar, sobre todo cuando los aparatos militares de los estados son llamados a apoyar las tareas de vigilancia marítima.
