En el origen de todos los males políticos que aquejan al país, empezando por la corrupción, y su consecuente causalidad en el desastre de la institucionalidad y de la marcha del Estado, se encuentra esta disyuntiva.
La soberanía compete al pueblo, pero, para efectos de gobierno, es necesario delegarla en los comicios cuatrienales, en que, según el sistema republicano de Estado que establece la Constitución, se realiza en dos niveles: el legislativo y el ejecutivo. El primero y más importante es el legislativo porque la Constitución establece un Estado de Derecho, y el gobierno se ha de producir conforme a la ley, la que, por tanto, pasa a ser la decisión política fundamental ordenadora del gobierno.
El poder legislativo es un cuerpo colegiado de 57 diputados iguales y que representan cada uno y todos a la Nación, y no a un partido, distrito, provincia o grupo.
En esta condición de representantes del todo y de todos, como compete al sistema presidencialista de inspiración norteamericana que nos rige, han de considerar y analizar los proyectos de ley, mediante un amplio y público debate de iguales que permita alumbrar lo mejor porque de la discusión, amplia, vigorosa y sin mordazas, sale la luz. De esta forma, necesaria e ineludible, el cuerpo deliberante queda ilustrado para adoptar, mediante la respectiva mayoría, la correspondiente decisión. Ese es el mecanismo legislador republicano, democrático y representativo.
Todo en el caudillo. El otro poder, no menos importante, pero subordinado, es un presidente y sus ministros, que administra según las leyes, conduce las relaciones internacionales y cuida del orden público. En lo relativo al legislativo, tiene la iniciativa respecto a la presentación de proyectos de ley, y ejerce, de disentir con lo acordado, el poder de veto. Esto es en lo formal porque su posición le da un considerable liderazgo, que o es moral y aleccionador, o, en su perversión latinoamericana, de jefe de saqueadores basado en el clientelismo y la mentira. La monocrática de Ménem, Chávez, Salinas, Alemán: todo en el caudillo.
Pero, en la mejor tradición cacical, desde el pacto Paco Calderón-Daniel Oduber, aquí el asunto se invirtió, y el presidente es la pieza determinante y los otros sus acólitos, por no decir sus títeres. Copiado todo de la "presidencia imperial" del PRI en México, en las listas de diputados tienen prioridad las fichas, los incondicionales, de modo que el centro de gravedad del poder gravita hacia el presidente que los nombró y que, una vez en el poder, reparte el cacao. Con el cuento del "gobierno de los partidos", válido en un sistema parlamentario con mecanismos distintos de control, pero no aquí, se pervirtió el sistema presidencialista de tipo americano, en que los partidos son instrumentos de elección, no de gobierno, y el diputado representa y está atento en primer lugar a sus electores, sin perjuicio de que, por afinidad ideológica, pero con independencia, concuerden en líneas generales con su visión política.
Pero, claro, eso pervirtió la calidad de la legislación, y, por eso, los gobernantes ahora se quejan de la "ingobernabilidad", cuando la arrevesada legislación que emiten sus acólitos no se entiende o, mal hecha y sin sentido de unidad y de sistema, se enreda en sus mecates. O, como ha sucedido con el Plan Fiscal, de fraudulentos orígenes, según se verá, se topa con diputados independientes que cumplen con su misión y no acatan órdenes, o, en su caso, cercanos a la cesantía, no sucumben al ofrecido puesto en la administración siguiente.
Megaproyecto. Para empezar, es un claro fraude político, destinado a anular la capacidad razonadora y de debate del legislativo, y a imponer la propia voluntad, la sola presentación, en un único megaproyecto a ser tramitado como un proyecto ordinario, como es el caso, de cuatro leyes-código, relacionadas por ser tributarias, pero distintas, complejas, y además de confusa redacción y palabrería. Los mecanismos ordinarios de tramitación, concebidos para proyectos ordinarios, sucumben, por la misma razón que sucumbe un carretillo si se le pone encima la carga de un furgón. Por eso, la primera violación del procedimiento -aún no alegada, pero inédita y disponible- consiste en esa interesada acumulación. El megaproyecto debe entonces separarse en sus partes para ser tramitadas como otros tantos proyectos, obviamente relacionados, pero con su propia comisión y trámite.
Más allá de este proyecto, que ha sacado a flote el problema central de si la delegación del poder es monocrática, en el presidente, como en su versión pervertida opera, o en el legislativo y en ambos en armonioso equilibrio, cada uno en lo suyo, se plantea la necesidad de solucionar este problema radical. Para mí, esto empieza por un verdadero control político de la oposición, no de la pantomima hipócrita del PLUSC, y de mecanismos permanentes de control ciudadano, porque la delegación no es incondicionada, sino claramente reglada.
