El título de este artículo, aunque provocador en nuestra modosita patria que alardea de su institucionalidad frente a los vecinos, plantea el problema de fondo que debe afrontar la reforma del Estado que nuestro país necesita. Independientemente que por los avatares de la historia tengamos un umbral de ciudadanía más elevado que nuestros vecinos, lo que se expresa en el funcionamiento del aparato público, el sistema institucional sigue encubriendo relaciones de sometimiento y vasallaje a la jerarquía política como si ella fuera dueña y no administradora de lo público.
A diferencia de las democracias avanzadas, no tenemos la posibilidad de exigir cuentas con la posibilidad de revocar del cargo a nuestros gobernantes. La capacidad de exigir cuentas efectivas ( acountability ) con la posibilidad de una rápida destitución ( impeachment ), se la han reservado los ciudadanos de las democracias avanzadas, como expresión de señorío y control sobre sus dirigentes. Recordemos la destitución de presidente Nixon de los Estados Unidos en los setenta y los serios problemas que pasó Clinton en el Congreso a raíz de sus declaraciones sobre su relación con Mónica Lewinsky. Y nada más lógico y coherente con la mentalidad republicana que los ciudadanos no perdamos, por ninguna circunstancia, el control de nuestra empresa colectiva que es el Estado, reservándonos mecanismos de intervención en caso de desvío programático en la gestión de los gobernantes.
Cuentas, no cuentos. En este sentido, si queremos evitar el patrimonialismo que ha prevalecido con los bienes públicos por parte de los jerarcas corruptos y el desvarío e irracionalidad en el manejo de la gestión, necesitamos devolver el control del Estado a la ciudadanía como corresponde a una democracia avanzada.
La posibilidad de exigir cuentas, no de que nos cuenten éxitos supuestos o figurados presentándonos solo una parte de los hechos, y de poder revocar ágilmente el mandato, con un juicio político ágil, frente a un incumplimiento grave, adquiere dimensiones y alcances profundos cuando, además, existe una descentralización efectiva. La descentralización real acompañada de un traslado de recursos y decisiones a las regiones y municipalidades completa el panorama de condiciones básicas para impulsar una reforma institucional que nos convierta ciudadanos plenos. Es a nivel local y regional donde se pueden ejercer con mejor detalle el control y auditoría ciudadana.
La descentralización en Italia y España acompañada del traslado de más de la mitad del presupuesto nacional y de competencias operativas a las regiones y gobiernos locales fue la base del éxito y desarrollo de esos países, antes anclados en el atraso y el centralismo.
Sin más leyes. Pienso que el nuevo gobierno puede avanzar en el camino de la reingeniería del Estado si se lo propone, utilizando incluso el mismo centralismo para descentralizar. No debe permitir que le coloquen la carreta delante de los bueyes condicionando todos los cambios a modificaciones previas a la constitución. Hay muchos cambios que se pueden realizar dentro del marco legal existente, por ejemplo: hacer que se cumpla el artículo 11 de la Constitución sobre rendición de cuentas y evaluación de resultados; dentro de esta línea hacer responsables a los jerarcas por los resultados como lo manda la ley y lo ha repetido, como profeta en el desierto, desde esta página, J. Meoño.
Si el nuevo poder ejecutivo decide hacer funcionar las regiones, puede aprovechar el viejo centralismo para decretar la integración regional de las instituciones públicas alrededor de proyectos claves y establecer mecanismos de auditoría ciudadana que someta los presupuestos regionales a la consideración y control de los delegados de las organizaciones comunales, cooperativas y entidades empresariales existentes, retomando la experiencia exitosa del presupuesto participativo.
Respaldando también experiencias locales como la "zona económica especial" de la zona norte, las cosas pueden avanzar rápidamente. La realidad no será perfecta, pero los contrapesos empezarán a operar y se fortalecerá el clima político para impulsar las reformas de fondo. Por otra parte, aprovechando los nuevos mecanismos legales de participación aún no utilizados y limitados, como el referéndum, se empujará el cambio en la dirección correcta. O ¿será la toma de estas decisiones más difícil que reformar el TLC?