El problema del Estado costarricense no es financiero, es institucional y político. Su estructura y funcionamiento no se ajustan a las exigencias de la época que vivimos. Es esto lo que afecta toda la vida institucional, social y cultural del país. Es hora que tomemos conciencia que ahí reside el verdadero problema y no veamos sus dolorosas consecuencias cotidianas como productos independientes.
La deuda pública y otros problemas financieros se derivan de la falta de controles políticos que convierten al Estado en un verdadero barril sin fondo. Todo esto es facilitado por la carencia de mecanismos ágiles de evaluación sustantiva que permitan ajustar el rumbo de la nave pública y que la ciudadanía ejerza el control democrático. Por eso, nuestro sistema institucional continuamente pierde el rumbo y reduce su eficiencia peligrosamente en campos estratégicos como la seguridad, las obras públicas y la salud. Amenaza incluso con colapsar todo el Estado y se ha convertido en terreno fértil para la incubación de todo tipo de corrupciones y desfalcos. La falta de evaluación no es atribuible solo a un déficit de capacitación en administración, se arraiga en el sistema de poder de nuestro país. Los partidos políticos actuales necesitan "holgura" para mantener los compromisos clientelistas en que se basa su cada vez mas precario poder.
Colapso en ciernes. Mientras no haya evaluación, sustento indipensable para la rendición de cuentas, dificilmente podrán realizarse por la via institucional las transformaciones políticas que el país necesita. Por una parte se seguirá obstaculizando el control democrático y por otra se hará inevitable el colapso del Estado, con todas las graves implicaciones que conllevaría una catástrofe de esta índole para el país entero -como sucedió en Uruguay, Chile y Argentina. La mejores intenciones de los gobernantes para transformar el orden de cosas se toparán con una barrera de intereses creados, parapetados en las "trincheras" de normas y reglamentos creados en los últimos 50 años.
Al carecer de información que entregue una visión de proceso y de directivas operativas, los funcionarios que no desean asumir riesgos -que son la mayoría- prefieren apegarse a la normativa y directrices en la toma de decisiones. En estas condiciones se imponen los estilos personales de gestión tradicional. Los más osados, que llenos de buena intención pretendan romper la inercia dando órdenes de mando, no llegarán muy lejos antes de quedar atascados.
Pero no se piense que estos audaces funcionarios se verán limitados en sus buenas intenciones solo por la existencia de normas obsoletas que se utilizan como parapetos cuando se afectan los intereses creados. Tampoco por el evidente deterioro de los equipos o por la escasez de recursos, sino por el "ninguneo" al que se verán sometidos estos jerarcas por los mismos empleados que formalmente aceptan y aplauden sus directrices. Acostumbrados estos últimos a que, al llegar cada gobierno rebautiza los viejos programas y bautiza los que sustituyen a los viejos, les cambian el nombre de acuerdo con las directrices y siguen haciendo lo mismo con el nuevo rótulo. Como no hay mecanismos de evaluación sustantiva, pueden presentar "resultados" sin problemas.
Informes al gusto. Además, como saben que los jerarcas están deseosos de escuchar buenos resultados, les confeccionan a la medida los informes que estos quieren oir y difundir después por todas partes. Parece una comedia, pero es la realidad. Mientras el Estado carezca de mecanismos de control ciudadano directo, para lo cual la una evaluación y rendición de cuentas regulares es un instrumento esencial, no saldrá de la limitada capacidad de gestión que permite el actual ordenamiento.
Pero, como nuestro país necesita de una verdadera gerencia pública -y no solo del nombramiento formal de jerarcas- en todos los niveles para poder posicionarse con éxito hacia el futuro, es, entonces, urgente que se instaure un sistema de evaluación y rendición de cuentas que facilite la reforma del Estado y contribuya a habilitar los jerarcas como gerentes públicos.
Esta medida es estratégica e impostergable, aunque se trate de un proceso cuyos frutos plenos se verán a mediano plazo, pero por su importancia exige la acción unida de de todos los costarricenses para conseguirla.