Si a un jurista extranjero, no enterado de nuestra –a veces cómica– mitología política, le preguntasen qué dice el artículo 132 de la Constitución, en el que se basa la supuesta prohibición de la reelección de los expresidentes, necesariamente responderá que ahí se prohíbe la reelección para un período sucesivo del presidente, no la postulación posterior de un expresidente. Porque el supuesto único que comprende es la condición de “presidente”, y la única forma que se postule siéndolo es para su reelección en el período siguiente.
Porque la norma claramente dice que no podrá ser elegido: “El Presidente que hubiera ejercido la Presidencia durante cualquier lapso”, y en el mismo sentido enumera otros casos de prohibición (vicepresidente, parientes del presidente en funciones, magistrados, y otros altos cargos). De modo que, simplemente, no existe en la Constitución la prohibición que se le atribuye.
Garantías fundamentales. Y si no existe ahí, ¿de dónde se saca? Pues, aunque parezca increíble, y aunque simultáneamente constituya un atropello al idioma y al Derecho, en la afirmación de que esa fue la intención. Es un atropello al idioma atribuir eficacia modificadora de la Constitución a lo que, en la escuela de la Niña Pochita, hubiese merecido el suspenso en el examen de sexto grado; y es un atropello al Derecho afirmar que las limitaciones a las libertades, como son estas de elegir y ser electo, pueden quedar sujetas a la interpretación de la intención del legislador y no, como debe ser, a lo consignado por este objetivamente en la norma, consciente o inconscientemente. Porque en estas materias no cabe legislar mediante intenciones sino solo mediante lo dicho expresamente en la norma que se aprueba. Y no es el intérprete el que puede limitarlas sino la norma misma porque entonces las garantías fundamentales quedarían al arbitrio cambiante y antojadizo de las interpretaciones, y es elemental que eso no puede ser.