El principal argumento –o temor– frente a la resolución del contrato por los incumplimientos del gestor del aeropuerto es que afectaría la inversión extranjera, y el país perdería credibilidad. El segundo es la incertidumbre de qué se haría con el aeropuerto si se va. Ninguno de ellos tiene fundamento: la resolución del contrato reforzaría la posición del país frente a la inversión extranjera y aumentaría su confiabilidad como país de leyes. Si se va, las soluciones son muy sencillas y están a la mano.
Para empezar, es necesario recordar que el Gestor es una sociedad costarricense (Gestión Aeroportuaria AGI de CR S.A.), en que participan mediante subsidiarias socias, igualmente costarricenses y de capital limitado, las compañías extranjeras interesadas, AGI y Bechtel, cuya responsabilidad directa se limita como garantes a poco más de $18 millones en el caso de la primera y de $2,1 millones en el caso de la segunda. O sea que, fundamentalmente, se trata de inversiones y compromisos de compañías costarricenses porque sus principales así lo decidieron para limitar cuidadosamente su responsabilidad. De tales compañías costarricenses socias, Grupo de Aeropuertos Internacionales (GAI), se comprometió a efectuar con fondos propios una inversión de poco mas de $18 millones, y TAG y DDAB, del Grupo Bechtel, una inversión de poco más de $2,1, lo que coincide con el compromiso máximo de sus principales, y esto es todo lo que, y por una suma modesta, tiene aquí cara de extranjero De manera que, de entrada, no cabe hablar de “inversión extranjera” más que en esa forma, limitada y de segundo piso, que solo podría reclamar perjuicio si, en su caso, se le impide el retiro, que no es lo que se discute. Mucho menos podría alegar perjuicio Alterra Partners, quien, después de que el gestor con quien se firmó el contrato se evaporó, aparece ahora sentada indebidamente en su silla.
Una misma voluntad. Para poner estos $20 millones de fondos propios, el gestor ha pedido –y, lo que es peor, ha obtenido– un contrato que está por encima de la ley y que, además, de hecho se cambia a su gusto en cada momento, de manera que el cartel y la competencia quedaron atrás, y ahora se convirtió en una contratación directa en la que una misma voluntad domina a ambas partes. Precios y principios topes saltaron por los aires, y la ecuación económica se alteró totalmente a favor del gestor, frente a una administración débil y complaciente, que sistemáticamente cede o se equivoca, pero siempre a favor del contratista. Todo esto en adición a los privilegios que ya estaban en el cartel: mercado cautivo de un servicio público esencial del que nadie puede prescindir; ingreso seguro mediante el reparto garantizado de tributos coactivos que nadie puede dejar de pagar y que forman todos los ingresos del aeropuerto; ecuación económica garantizada por el Estado; excelentes precios por los “servicios de construcción”; y la explotación monopolística del aeropuerto de mayor tráfico en toda la región, y con las mejores perspectivas de crecimiento.