En días pasados, a raíz de un desafortunado y chocante desaguisado de la Comisión Nacional de Enlace amenazando desconocer los resultados de las próximas elecciones, salió un campo pagado de la Cámara de Comercio condenando este hecho, y otros dirigentes empresariales dieron ágilmente declaraciones similares.
Esto sería suficiente si se tratara de un hecho aislado y no, como lo es, expresión de un proceso de desajuste y descomposición institucional y política que se viene gestando hace tiempo expresada en la creciente corrupción del sistema y en la falta de voluntad de cambio y transformación por parte de quienes se benefician del estancamiento. El desajuste institucional y político que se manifiesta en todos los niveles de nuestro Estado ha venido creando tensiones y descontento creciente en la población por la falta de conducción y la reiteración de consignas y promesas incumplidas.
Somos una república de nombre sin control ciudadano efectivo como el que tienen las democracias avanzadas. Aquí pagamos un impuesto para el desarrollo vial o para combatir la pobreza y se gasta en cualquier otra cosa. En un país del primer mundo los ministros responsables serían despedidos, pero aquí siguen como si nada porque la institucionalidad esta amoldada a la cleptocracia y no a la ciudadanía, como debe ser. Tenemos una división territorial del siglo XIX, totalmente disfuncional, y una institucionalidad feudalizada donde cada jerarca es un reyezuelo. Actualizarla a las nuevas condiciones y descentralizarla es un requisito para el desarrollo y la eficacia institucional, como lo demuestra la experiencia de los países exitosos, pero el centralismo oportunista nos consume.