Los últimos escándalos, especialmente el de la Caja Costarricense de Seguro Social, han evidenciado las limitaciones de la Contraloría para controlar el buen uso de los recursos públicos, ya que, sin la acción de la prensa, estos hechos se hubieran pasado por alto. La multiplicidad de controles previos existentes aplicados por la Contraloría, impuestos en parte por los diputados para aparentar que se controla, y en parte fortalecidos por la falta de visión de funcionarios que no entienden de sistemas ni de ordenamiento constitucional, solo parece dificultar, encarecer y hacer cada vez más ineficaz la gestión pública. Los resultados de estos controles, que colocan peligrosamente en primera línea a la Contraloría, no trascienden la actividad rateril, mientras los grandes peculados, la mala praxis administrativa y los robos se producen impunemente, al mismo tiempo que el país entra en un estado de descomposición cada vez más peligroso.
Es hora de ir más allá de la discusión sobre el nombramiento del Contralor. Es preciso reformar a fondo la Contraloría exigiéndole que haga cumplir el mandato constitucional del artículo 11 sobre la evaluación de resultados con rendición de cuentas.
No se puede seguir alegando cómodamente que la falta de evaluaciones y de rendición de cuentas es un problema “cultural” y que nos cuesta adaptarnos. Desde la reforma constitucional en el año 2000, han transcurrido ya cuatro años, tiempo más que suficiente para poner en marcha el mandato, ya que recursos técnicos y humanos no faltan para aplicar formas de evaluación y de rendición de cuentas sobre los resultados de la gestión institucional.
Sentar responsabilidades. Solo controlando los resultados de los programas, por regiones o seccionales, se puede evaluar la eficacia o ineficacia de la gestión pública, y se pueden sentar responsabilidades políticas.
A ese trabajo y a innovar procedimientos acordes con la era electrónica debe dirigirse la Contraloría para facilitar en vez de dificultar el quehacer institucional, de hacerlo cada vez más ineficiente y estimular la creación de subterfugios como fundaciones, que se salen de todo tipo de control.
Pero la reforma no puede limitarse a un reordenamiento interno y a una conducción sabia de la Contraloría. La Asamblea Legislativa debe exigir el cumplimiento de la evaluación de resultados y establecer mecanismos de rendición de cuentas efectivos, que impliquen sanciones ágiles. Estas pueden ir desde la revocatoria del cargo del responsable hasta el no aprobar el presupuesto del programa o institución por parte de la Asamblea.
El cambio no se detiene. Nuestro país está pasando por un momento de cambio profundo. La Contraloría es un ente estratégico para abrir los canales de transformación institucional en este proceso, y debe cumplir con esta función. Si la Contraloría y la Asamblea no cambian, el proceso de cambio no se detendrá, sino que crecerán las posibilidades de caos. El cambio no es una decisión antojadiza: obedece a procesos profundos, externos e internos, técnicos, económicos y sociales. No se detendrá porque nosotros no tomemos las decisiones oportunas que permitirían canalizar los procesos por la vía institucional. El cambio seguirá hacia adelante aunque metamos la cabeza en la arena, desbordará las estructuras institucionales y nos llevará a situaciones cada vez más dolorosas.
El tiempo se acaba, señores diputados: tienen ustedes la palabra y la responsabilidad de actuar.
