La reforma del Estado deriva de la urgente necesidad de adecuar, a las nuevas condiciones imperantes en el país y en el mundo, sus funciones como promotor y garante del desarrollo de la economía y de la sociedad en su conjunto.
Las nuevas realidades devienen del desarrollo científico técnico y del proceso de globalización progresiva de la economía. Estos cambios demandan ajustes impostergables de nuestra economía y de nuestra desfasada clase política, en los que el Estado está llamado a jugar un papel destacado. La importancia del Estado radica, no en que sea grande o que asuma funciones que puede realizar mejor la iniciativa privada, sino en que parta de una visión de futuro compartida, que oriente su quehacer y sustente su autoridad.
Una visión de futuro implica, desde luego, algo más que aprovechar las ventajas comparativas que sugiere el mercado en estos momentos. Requiere considerar y ponderar la continuidad y los márgenes de tolerancia de la identidad nacional frente a los cambios que se generan en las formaciones: económica, ecológica, social, política y cultural. En otras palabras, no se trata de aceptar pasivamente los cambios, sino de adecuar el proceso de cambio a los intereses nacionales. Así, el Estado, en un país como el nuestro, no puede permitir, por existir demanda externa, que se exterminen las especies animales y vegetales, que son una de las principales fortalezas de nuestro país; ni tampoco que se sustituyan los monopolios públicos por monopolios privados. Tener una visión de futuro compartida demanda del equipo que dirige el Estado, además de conocimiento, información fluida y trabajo en equipo, liberarse de los modelos mentales tradicionales, en especial los referidos a la gestión gubernamental basada en el clientelismo. Los intereses de los grupos, por fuerte que sea su influencia, no se pueden anteponer a los intereses de la nación. Los intereses legítimos de los grupos dependen, en última instancia, del desarrollo del país como un todo. Sin obras básicas de infraestructura, educación, salud o seguridad, el país no puede progresar.
Cuando no hay visión de futuro los intereses de los grupos se imponen, atomizando al Estado y profundizando su crisis, ya que para atender las demandas hay que gastar más, cuando cada vez hay menos. Y, como cada vez se puede cumplir con menos grupos, la desilusión y la anarquía terminan haciendo ingobernable el país. La misma reforma del Estado, cuando se carece de una visión de futuro, se convierte con facilidad en una consigna para hacer negocios pingües, especialmente para aquellos miembros de la clase política acostumbrados, por décadas, a hacer dinero medrando del Estado. Así, vemos cómo en la América Latina actual el mejor negocio es comprar activos públicos por una tercera o cuarta parte de su valor para venderlos posteriormente por su valor real, como monopolios privados, en aras de "una economía de mercado". Que, dentro de los marcos legales, los grupos presionen por sus intereses o que algunos empresarios quieran hacer negocio comprando empresas públicas, es natural y deseable en una democracia. El problema no está ahí, el problema está en el agotamiento de la visión de futuro de la actual clase política, cuyos únicos "méritos", en la mayoría de los casos, residen en repartir privilegios entre sus amigos y bonos y limosnas a los pobres (y no tanto) para consolidar su poder.
La reforma del Estado requiere de una visión del tipo de sociedad que queremos construir a mediano y largo plazos. De líderes que perfilen los intereses y el futuro de toda la sociedad, que no dejen de lado obras estratégicas para toda la sociedad, como el registro de la propiedad, las carreteras nacionales, los muelles o la prevención de desastres naturales. En otras palabras, se requiere de verdaderos estadistas, con proyectos definidos, capaces de orientarse por los intereses de la sociedad en su conjunto y no por los compromisos y las estructuras enajenadas de las "dinosaúricas" camarillas partidarias.
Mientras no exista entre los gobernantes una visión de futuro compartida, que integre el pensamiento y la acción de los equipos de gobierno, la reforma del Estado se hará más lenta y sus costos sociales y políticos más altos. Cuando esta situación se presenta el problema está en los modelos mentales de la clase política discapacitada para las iniciativas empresariales innovadoras, por una práctica de negocios fáciles a la sombra del Estado.
Decía uno de los maestros de la administración, refiriéndose a los equipos humanos, que "no existe mala tropa, lo que hay son malos oficiales". Esto lo hizo evidente, en el campo del futbol, Bora Milutinovic, al lograr en pocas semanas, en 1990, transformar a nuestra selección de equipo regional en equipo mundialista de primera línea. Por eso, el proceso de reforma del Estado se encuentra ante una contradicción que solo se puede superar estimulando una educada e inteligente participación ciudadana que distinga los estadistas de los burócratas partidarios. Esta tarea no es nada fácil dentro del actual sistema electoral que no propicia el diálogo sino en entumecimiento de los cerebros, en la selección de precandidatos y candidatos, pero es impostergable para sacar el país adelante. Los ocho años de distorsiones, que sobre la necesaria reorganización de la clase política provocó la sombra de los caudillos del 48, se acerca a su fin. Se abren nuevas posibilidades para el surgimiento de estadistas que deben ser estimuladas por la sociedad civil, presionando, entre otras cosas, la reforma electoral.