Es preciso localizar la raíz de los problemas que inhiben o retardan el desarrollo de Latinoamérica, para tomar medidas en la dirección correcta. Lo primer es romper con el supuesto, explícito o implícito en las constituciones y políticas, de que nuestros países son repúblicas basadas en la voluntad y el control ciudadano.
Debemos reconocer su origen histórico en la servidumbre y esclavitud y su adaptación clientelista actual, no ciudadana, por sus implicaciones contemporáneas. Formalmente todos podemos ser ciudadanos, pero en la práctica la ciudadanía política solo se alcanza cuando se tiene un ingreso basado en las capacidades propias, adecuado para las necesidades familiares, se pagan impuestos y se pueden exigir servicios básicos.
Cuentas y revocatoria. En Estados Unidos, una comunidad de granjeros y artesanos creó las instituciones republicanas. Por eso, desde el principio se estableció la rendición de cuentas para que las autoridades explicaran cómo gastaban los impuestos y se incluyó la revocatoria del cargo por incumplimiento. En nuestro subcontinente, las masas de siervos y esclavos fueron transformadas en ciudadanos por decreto, pero solo una minoría llenaba los requisitos básicos para ser ciudadano pleno. Por eso es que en nuestros países no existe rendición de cuentas ni control ciudadano sobre los gobiernos, que se sienten dueños del Estado. Los partidos políticos no llegan al poder para servir a la gente, sino a servirse de la gente utilizando el aparato público para el enriquecimiento personal. Reconocer el carácter clientelar, en vez de ciudadano, de nuestras "repúblicas" nos ayuda a entender por qué la solución de los problemas no depende solo de la división de poderes, de la creación de nuevas instituciones o de una reforma política.
Las instituciones y las decisiones políticas, cuando carecen de una base ciudadana capaz de poner los pesos y contrapesos propios de una democracia, se subordinan al sistema de poder y no a los intereses de la comunidad, provocando desconfianza y debilitamiento del Estado. La subordinación de las instituciones y las políticas a los intereses de la estructura de poder es particularmente nefasta en lo social, que debería ser la solución a la pobreza y la exclusión, pero que termina debilitando la ciudadanía cívica en nombre de una supuesta ciudadanía social.
¿Cómo cambiar? Primero es preciso reconocer que el carácter perverso del actual sistema institucional no radica en la falta de instituciones, sino en su subordinación, por carencia de contrapesos sociales efectivos, a los intereses de las estructuras de poder político. Segundo, hay que plantearse la tarea de superar esta grave limitación histórica construyendo una ciudadanía activa, asignándole a la política social, como una de sus funciones más importantes, impulsar el desarrollo masivo de las capacidades organizacionales empresariales y ciudadanas. Esto solo se alcanzará en tanto la política social no sea administrada y controlada por los políticos, sino que se descentralice y esté bajo supervisión de las organizaciones de la comunidad.
La salud y la educación son puntales de la política social, pero la capacidad de autoorganización solidaria, generadora de capital social y base de la capacidad empresarial y ciudadana, ha estado ausente de la atención y políticas públicas por no haber sido tarea de ninguna institución. Esta capacidad organizacional ciudadana y empresarial estratégica para el desarrollo se forma en la práctica social cotidiana.
Colonia y posguerra. La expropiación colonial de los bienes y derechos ciudadanos de los aborígenes fue el origen del déficit estratégico empresarial y ciudadano en Latinoamérica. En otras latitudes, como Japón, Corea del Sur y Taiwán, en condiciones de posguerra, la reforma agraria patrocinada por EE. UU. contribuyó a crear condiciones para el desarrollo empresarial y económico y sembró las bases de la ciudadanía cívica que permitió, posteriormente, el florecimiento democrático.
En Latinoamérica, en las actuales circunstancias, no podemos pretender fuera de Brasil, donde el Movimiento de los Campesinos sin Tierra (MST) realiza una lenta pero progresiva transformación agraria un proceso de cambio relevante. La cuestión agraria no tiene ahora la relevancia de hace 50 años, ni existe el clima y las condiciones para hacerla, especialmente después de los fracasos derivados del manejo clientelar y burocrático de los institutos agrarios. No obstante, existen en la región experiencias de capacitación masiva en organización empresarial y ciudadana con resultados a la vista que, si se retoman, pueden contribuir a crear las condiciones para el desarrollo en poco tiempo; pero esto implica pasar de los "combates" inocuos a la pobreza, que encubren el clientelismo, a la construcción de capacidades empresariales y ciudadanas.