Los más altos jerarcas del Gobierno y de la Procuraduría confesaron públicamente (La Nación, 21 de diciembre del 2002), que no se podían ejecutar los 200 días de clase porque los programas de estudio supuestamente eran insuficientes. O sea, que, tal como lo dije anteriormente, el Ministerio de Educación boicoteó el mandato en ese sentido del ministro anterior y, en una forma muy particular y masiva de peculado, ha desviado en provecho particular más de ¢80.000 millones, cifra a que asciende en números actuales y por cuatro períodos el sobresueldo pagado a los educadores por enseñar en esos días adicionales.
Pero esa confesión no se realizó, como sería de esperar, con el objeto de castigar y enmendar tan grave hecho, que constituye un enorme fraude al país y al fisco, sino –horror de horrores– para alegarlo como causal futura de incumplimiento del Convenio; o sea, la falta y la negligencia propias para incumplirlo.
Los defensores natos del pueblo y del sentido común, la Asamblea Legislativa y la Defensoría de los Habitantes, deben intervenir de inmediato para poner las cosas en su lugar y para que se establezcan las responsabilidades del caso por el inmenso desvío de recursos públicos que se ha confesado.