Permítaseme intentar una alegoría sencilla que quizá facilite al 100% de los ticos que valoran –en redes y en muy restrictivas encuestas– a los gobernantes a puro hígado o corazón, comprender cómo el haber estos incumplido su competencia mayor de dirección política planificada de la institucionalidad bajo su mando político (factor estratégico nunca evaluado) es lo que tiene a Costa Rica naufragando en el mismísimo infierno… aun sin enfrentar la furia prevista de El Niño.
Es también tal incumplimiento mayor lo que ha motivado las irresponsables propuestas de una “tercera república” sin la elemental malicia de anticipar que los resultados en tal eventual escenario futuro serían, inevitablemente, “peor de lo mismo”.
Veamos una realidad sociopolítica y jurídica que ninguna encuesta nunca evalúa.
¿Tendría un presidente tiempo para solo deslegitimar a otros si se dedicara a su verdadero oficio? Nuestra hipérbole del “zapatero” es que un presidente, si asumiera la indispensable y obligada dedicación diaria con sus ministros para cumplir al menos con “solo” dos competencias constitucionales (artículo 140.3 y .8, o sea “dirigir y coordinar” todos los entes autónomos) y rindiera cuentas precisas de ello en cada ámbito sectorial (salud, seguridad social, agricultura, ambiente y otros) y en su impacto real en las regiones o provincias, nunca querría distraer energías para estar solo inculpando y denigrando a otros.
¿Por qué? Porque resultaría más que obvio que el factor preponderante que estaría impidiendo que toditico el país funcione mucho mejor sería su propia falta de visión, capacidad, probidad y liderazgo, o sea, estadismo.
Una mirada furtiva al sector trabajo y seguridad social, y a Limón, para entender el “todo”. Imaginen a un ministro de Trabajo en su “despacho ministerial”: como jerarca y con el auxilio de viceministros, asesores y el funcionariado en propiedad, solo puede “fabricar” para todo el país, desde su sede en “Lotes Tournón”, unas partes del zapato completo que la Constitución y las leyes le encargan.
Ahora, imagínenlo en su otro esencial “despacho”, aquel sectorial que, aunque ignorado por el 98% de la población, tan existe que ha venido siendo usurpado vía decretos presidenciales, por una presidenta ejecutiva con rango de ministra sin cartera del “ramo”… a pesar de ser esto no solo harto ineficaz, sino doblemente prohibido en Constitución y en la propia Ley 5507.
Pero sigamos. Es desde aquí desde donde dicho ministro del MTSS tiene que ejercer, con el presidente, la dirección política planificada de unas 22 instituciones (IMAS incluido) con programas multimillonarios indispensables para completar el zapato que permitiría una mejor “lucha contra la pobreza”.
Si se entiende lo siguiente, se entenderá el todo: para tener éxito, tienen este ministro con el presidente que “velar por el exacto cumplimiento” de esas 22 leyes (artículo 140.3 referido) en lo pertinente a seguridad social, y asegurar (140.8) “el buen funcionamiento de tales servicios y dependencias administrativas”… ¡en todo el país! Solo así podría lograrse la eficacia gubernativa integral que la Constitución ordena.
Extrapole este ejemplo a todo otro sector y región. Aplíquese este ejemplo a agropecuario, salud, ambiente, educación, puertos, industria, etc. Entiéndase que tales multimillonarias prestaciones de las que “cada” Poder Ejecutivo es políticamente responsable (y la presidenta solita sobre todas ellas) se desparraman por todo el país.
O sea: no son las juntas directivas ni los presidentes ejecutivos quienes tienen que responder política e integralmente por la niñez y las familias en riesgo social; o por las listas de espera y el déficit de especialistas en la Caja, o por las indispensables inversiones y servicios de AyA, o por la situación deteriorada del agro, ambiente, vivienda, etc.; menos por El Niño.
El “órgano” responsable superior es el Poder Ejecutivo de cada ramo y, como anticipé, la presidenta sobre todos, pues es quien está obligada a darles unidad de visión y acción a todos los ministerios y entes autónomos (pero ojo: hablo de algo que nunca podrá hacer sin el acompañamiento obligado de Mideplán y de toda la Ley 5525, un factor clave menospreciado por gobernantes, legisladores, prensa y… encuestadores).
¿Quiere el lector una evidencia irrefutable? Veamos Limón: muchísimos auguran que marina y aeropuerto serían “los motores” del desarrollo. Sin embargo, el desarrollo de Limón ha sido fallido a pesar de décadas de contar la provincia con miles de millones invertidos por ministerios y entes autónomos en educación, salud, acueductos, electricidad, desarrollo social, apoyo agrícola, ambiental y varios otros. Sépase, además, que tales recursos siempre han superado cada año como en 40 veces los “pinches milloncejos” en manos de Japdeva.
Ahora. Si no se comprende lo siguiente, nuestra alegoría no servirá de nada: esa enorme masa de recursos reales se ha ejecutado en toda provincia sin ninguna dirección ni articulación gubernativa central, y menos regional.
Se preguntarán: ¿hay costarricenses capacitados para realizar tan enciclopédicas tareas? Respuesta: hoy, no. Pero podría haberlos mañana si gobernantes y legisladores se “nivelaran” por voluntad propia; o mejor aún, si la mismísima presidenta Fernández, reconociendo mínimo estas dos normas y esa Ley 5525, exige de sus ministros el reconocimiento inmediato e integral del marco normativo sectorial que a cada uno compete hacer cumplir para lograr los “zapatos completos” pactados en aquel sagrado contrato jurado por todos. Y créanme: no hay en este ninguna “letra menuda”; todo está muy claramente estipulado en los artículos 194… y 11.
Ministros estadistas y ajustes cruciales sobre la marcha
Este escenario acarrearía dos efectos relevantes: uno, que tales ministros sectoriales puedan responder sin rodeos al tipo de control y exigencia de cuentas que al menos la “oposición” está obligada a ejercer para garantizar el idóneo desempeño de “esos grupos” de instituciones en su impacto territorial.
¿Que no vinieron preparados para esta elemental como monumental tarea? Pues que lo subsanen de inmediato. No trabajan de gratis. Ya juraron que lo harían, y no están cumpliendo. Es aquí, de paso, donde la prensa proba tiene un gran empujón que empezar a dar.
Dos, que solo así podrían al menos tales legisladores servir al país, como nunca, identificando y exigiendo según los artículos 121.23 y .24 y 149.6, la enmienda en tiempo real de errores u omisiones graves por parte del gobierno en la conducción diaria de tantas instituciones. Igualmente, deberían propiciar ellos mismos los ajustes de los marcos legales que se compruebe que sí obstaculizan lo que sería un honesto y comprometido cumplimiento eficaz de deberes por parte de dicho Poder Ejecutivo.
¿Se partiría de cero?
Toda esta aparente “maraña”, incluida la participación de grupos sociales en toda región, no lo es: hay un sistema lúcidamente diseñado en aquella Ley 5525 de 1974 y en decretos de Mideplán de 1983 (sectores) y 1984 (regiones), inclusive para enfrentar fenómenos como El Niño. ¿El problemita? Ambos esquemas han sido distorsionados y peor aplicados por gobiernos posteriores, inclusive en la enredada Ley de Desarrollo Regional 10096 de 2021.
¿La evidencia irrefutable para esta perenne denuncia nuestra? Nunca ningún partido, legislador ni medio han pedido cuentas a ningún “Poder Ejecutivo” por el errático e ineficaz desempeño y resultados integrales de “sus” ministerios y entes autónomos, menos en su impacto territorial. Paralelamente, nunca “ningún” Poder Ejecutivo las ha ofrecido. Tampoco ninguna encuesta lo ha sopesado. Y… todos tan felices.
Menos este servidor, pues: ¿cómo diablos va a poder un Estado diseñado para “procurar el mayor bienestar a todos los habitantes organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza” (artículo 50), lograr tal idóneo mandato ante semejante confusión política-burocrática?
Prueba de probidad
¿La mayor corrupción por reconocer, investigar y divulgar?: el incumplimiento obstinado de estas normas superiores que tendrían a Costa Rica como un país de primer mundo, algo que nunca ha sido noticia obligada de la prensa ni de una formación intensa por toda universidad estatal, menos por el mismísimo TSE.
¿La gran solución?: Zapatero a tus zapatos.
jmeonos@ice.co.cr
Johnny Meoño Segura, catedrático jubilado de la Universidad de Costa Rica, es doctor en Ciencias Gubernativas por la Universidad de Londres; autor de nueve libros y múltiples investigaciones sobre desarrollo; director de Reforma del Estado Mideplán (1976-1984); profesor durante 37 años en la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR; consultor en IICA, BID y PNUD, y colaborador de ‘Página Quince’ de ‘La Nación’ desde 1974.