A veces me parece que, si algo se deduce de mirar nuestra historia, es que generalmente hemos confiado en el Derecho para remediar las deficiencias de nuestra cultura política, y que comparativamente no hemos salido desengañados de intentarlo.
Parafraseando a un hombre muy sesudo, no es que el Derecho nos haga moralmente buenos o elimine las tendencias egoístas de los individuos o de los grupos, pero la organización mediante el Derecho genera una pauta y provee un espacio para racionalizar la convivencia útil de intereses y opiniones discrepantes o contradictorias.
En el caso, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa, la obediencia a las disposiciones y costumbres que regulan la actividad de sus grupos y de sus miembros ha disciplinado en gran medida la energía política que corre por las venas del país entre una justa electoral y la que le sigue. No ha sido siempre así, desde luego: en algunos periodos, como recientemente, la temperatura legislativa registró alteraciones salidas de cauce, y camparon por sus “habilidades” intelectuales y morales personajes que se atuvieron a guiones sobreactuados y groseros.
Pero vea qué interesante, como usa decirme el fisioterapeuta. La semana pasada, la Asamblea saboreó el fruto del entendimiento. Aprobó por unanimidad un proyecto de ley que, de acuerdo con lo que informa este periódico, “permitirá a Japdeva hacer alianzas estratégicas para la construcción de la marina de Limón”.
¡Unanimidad! Esta palabra ya casi la habíamos olvidado. La Constitución no la exige en ningún caso: basta, por lo general, con la mayoría absoluta, que en política práctica no es lo mismo que decir “quien manda soy yo”.
La Asamblea no aprobó, dice un diputado, ni el texto original del gobierno, ni las mociones de la oposición: “Es una integración de las diferentes propuestas; así se hace el trabajo legislativo. Es un ejemplo de buenas prácticas”. Otro mencionó que desde 2008 no se había hecho nada en ese terreno, salvo esfuerzos infructuosos, y se congratulaba de “haber trabajado en conjunto con las otras fracciones en una propuesta que esperamos le lleve prosperidad al pueblo limonense”.
Un filósofo decía que bien pueden las actitudes privadas ser malas y tender al antagonismo, pero confiaba en que la organización mediante el Derecho pueda ser el resorte por el cual el hombre se vea obligado al menos a ser un buen (representante) y un buen ciudadano.
Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.