Los vértices de los poderes judiciales, esos que tienen la función de gobierno institucional –que en algunos países son la Corte Suprema y, en otros, instancias sin funciones jurisdiccionales, como en España o Italia– siempre se han caracterizado por tener un perfil más o menos opaco y alejado de la visibilidad propia de otros órganos como el Congreso y el Poder Ejecutivo.
Tiene sentido si consideramos que su rol de árbitros facilita la necesidad de cultivar una imagen de contención y cierta distancia para garantizar, justamente, el papel de tercero imparcial. Cuál debería ser el límite que fije un balance entre aquella imparcialidad, siempre deseable, y la importancia de rendir cuentas a través de los mecanismos que miden a los otros poderes es un punto más difícil de definir con claridad en la práctica.
Lo cierto es que, empujado por el ascenso de dos gobiernos populistas, nuestro Poder Judicial ha debido reaccionar sobre la marcha, quizá tardíamente, frente a un oficialismo dispuesto a dinamitar no solo las vías de diálogo y el decoro institucional propio de democracias maduras como, hasta hace poco, pensábamos que era Costa Rica, sino también a promover una estrategia de ataque sin precedentes contra su propia legitimidad.
Esto ocurre bajo la promesa explícita, como dijo un ministro al que a veces la presidenta Fernández llama presidente también –¡quién lo imaginaría!–, de que su grupo buscaba tomarlo, como ya hizo, según él, con los otros brazos del Estado.
En medio de esa agenda de intoxicación y violencia política que ha hecho que al actual presidente se le calificara de “bruto” y “criminal” o “de la más fea” a una magistrada, la Corte Suprema de Justicia encarará en las próximas semanas la elección de quien ocupará su presidencia por cuatro años.
Seguramente, asistimos a la designación más importante para el Poder Judicial de toda la Segunda República. Porque quien resulte elegido deberá navegar en medio de esas aguas turbulentas nutridas por un gobierno divisivo y polarizante que, como han hecho los populismos de extrema derecha y extrema izquierda de la región, entiende que la respuesta es absorber el control de todas las instituciones y borrar cualquier seña de contrapesos y límites al ejercicio de la parcela de poder que le corresponde a cada uno –pulsiones autoritarias, se llamaban antes–.
El contexto es, sin duda, en extremo complejo, pero la agresividad del Ejecutivo tampoco podría ser la excusa para que la Corte no lo asuma con altura, más allá de los egos y la endogamia que, históricamente, también han poblado a esas instancias.
Esto supone que, en la elección de la presidencia, debe enviarse un mensaje de renovación. No para satisfacer las espurias demandas oficialistas, que han demostrado un desapego enfermizo a dar cuentas y una alarmante devoción a atacar sin piedad a los órganos de control e investigación –como juzgados y fiscalías–, sino para tranquilidad de una ciudadanía urgida de confiar en sus instituciones.
Porque el relato, que por muchos meses controló el Poder Ejecutivo, es que el Poder Judicial es un elefante blanco, corrupto, ineficiente, culpable de la inseguridad y dirigido por una élite privilegiada insensible al “pueblo” que el primero sí encarna. En los próximos años, será necesario para las magistraturas, pero sobre todo para quien las presida, coser varias costuras rotas respecto a su relación con el conjunto de ciudadanos y ciudadanas.
Ya ha habido quienes han sugerido algunas características que aquella persona debería tener (rigor técnico, firmeza, capacidad de diálogo, experiencia en la institución, recambio generacional, etc.). Creo, además, que otros gestos no son menos importantes, especialmente cuando vivimos tiempos de regresión de derechos.
En 205 años de independencia, el Poder Judicial solo ha tenido una presidenta –menos incluso que el Poder Ejecutivo– y eso fue hace tres presidentes hombres –o 13 años–. Demasiado tiempo.
En 2022, el Programa Estado de la Nación documentó que en el aparato de justicia costarricense, las mujeres representan el 60% de los nombramientos en la categoría de juez 1 (la más baja); mientras tanto, su participación desciende conforme se avanza en los distintos niveles: solo el 29% ocupa el grado de juez 5 (el más alto).
Los datos demuestran cómo la participación femenina es mayoritaria en las categorías de ingreso, pero disminuye sustancialmente en los puestos de mayor jerarquía. Por mucho que haya avances de los que sacar pecho, sigue habiendo un techo de cristal que impide que las mujeres accedan a las posiciones de mando en el sector público. De hecho, de 22 integrantes de la Corte, dos tercios son hombres.
La elección de una mujer para presidir la Corte no pasa solo por ser una cuestión simbólica de representación. Es mucho más que eso. Contribuiría a evidenciar las brechas que aún existen en el acceso de las mujeres a los espacios de mayor liderazgo dentro del sector justicia y, más importante aún, sería un mensaje rotundo de que nuestra Corte está reaccionando, en todos los niveles, al momento dramático al que ha sido sometida la institución. Y eso pasa por atajar las contingencias que hoy la agobian, sí, pero también los desafíos estructurales que continúan pendientes. Toca retratarse.
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Marco Feoli es abogado, profesor en la Universidad Nacional (UNA) y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU.