Asignar recursos a las instituciones solo en función de su ejecución presupuestaria refleja una grave distorsión de la responsabilidad estatal. Así han actuado muchos gobiernos, pero el actual la ha exacerbado, a partir de un estilo de gestión verticalista y punitivo, refractario a las soluciones estructurales y abordajes integrales, o sin pericia para emprenderlos. Y resulta muy sintomático de su escala de prioridades que buena parte de los recortes actuales afecten a sectores como cultura y educación.
Sin duda los dos ministerios responsables no han podido ejecutar recursos asignados en presupuestos anteriores; lo mismo ha pasado con otras instituciones públicas, en magnitudes diferentes. Pero, en lugar de esforzarse por solucionar las causas generadoras de estos malos resultados, el Ejecutivo ha optado, simplemente, por golpear aún más la capacidad de ambas carteras para cumplir con su mandato. Resultado: otro paso hacia la degradación de los servicios que ofrecen y, por ende, mayor desatención de las necesidades ciudadanas que deberían atender.
Lo que corresponde es exigir cuentas y enmiendas a los jerarcas con la responsabilidad política y gerencial de que los presupuestos se manejen con fluidez, no castigar a las víctimas de la mala gestión. El Ejecutivo ha optado por esto último, y también ha desdeñado otros factores. El primero es que en toda transición gubernamental la ejecución baja; el segundo, que las proveedurías institucionales, salvo excepciones, nunca se han caracterizado por su eficiencia; el tercero, que la forma en que se aplica la regla fiscal ha entorpecido la programación de las ejecuciones presupuestarias.