EscucharEs cosa de no acabar: ahora, el gobierno se niega a juramentar a Rocío Alfaro como representante del sector laboral en la Junta Directiva de la Caja. Aducen que Alfaro no cumple con los requisitos establecidos en la Ley Constitutiva de la CCSS, lo que sería muy grave... si no fuera porque no es cierto.
Basta revisar los requisitos y el currículo de la exdiputada para corroborar que es una persona versada en materias económico-sociales y que no tiene ningún conflicto de interés. Finalmente, el que, como diputada, haya sostenido posiciones definidas sobre temas relativos a la CCSS no la descalifica, sino que más bien la avala como una activa defensora de nuestra salud y seguridad social.
Que el gobierno se niegue a juramentarla no es un problema menor. El artículo 6 de la citada ley establece que el Consejo de Gobierno debe nombrar a los representantes propuestos por sector patronal y el sector laboral en la Junta Directiva de la CCSS “sin que el Poder Ejecutivo pueda impugnar tales designaciones”. Más claro, imposible.
Pero este no es un caso aislado. El gobierno y sus diputados también se han negado a elegir a los magistrados suplentes que tanto urgen en el Poder Judicial, al exigir a la Corte “una nueva lista de candidatos”. Pero la Constitución es clara y dice que la Asamblea Legislativa nombrará veinticinco magistrados suplentes “escogidos entre la nómina de cincuenta candidatos que le presentará la Corte Suprema de Justicia”.
En la misma línea, el gobierno está enviando al Congreso proyectos de ley sobre temas críticos –como la seguridad–, pero con tantos defectos y roces de constitucionalidad que, así como están, no tienen viabilidad.
El patrón empieza a hacerse claro: no se trata de lograr acuerdos, sino, más bien, de hacer imposibles los acuerdos. Para ello, se agrava el conflicto con las instituciones, el Poder Judicial y las fracciones de oposición y luego se alega que “no nos dejan gobernar” como justificación para atacar el marco institucional y la división de poderes, elementos consustanciales de la democracia y el buen gobierno. Es como quien se para sobre su propia escoba para luego culpar a todos los demás de no poder barrer. No se vale.
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Leonardo Garnier ha sido profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la Universidad Nacional (UNA), ministro de Planificación Nacional y Política Económica (1994-1998), ministro de Educación Pública (2006-2014) y asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Cumbre por la Transformación de la Educación (2022-2023).
