El martes 12 comenzó a ventilarse en una Corte de distrito, en Washington D. C., el más importante juicio por prácticas monopólicas y anticompetitivas planteado por el Departamento de Justicia estadounidense, junto con ocho estados, desde 1998.
Su blanco es el gigante tecnológico Google. Lo acusan de suscribir contratos multimillonarios ilegales para hacer de su buscador en línea la opción predeterminada de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos, y así bloquear a sus competidores. Google, por supuesto, niega los cargos. El juicio está previsto que se extienda por más de dos meses.
Hace 25 años, cuando internet aún estaba en su infancia, Microsoft debió enfrentar otra acusación antimonopólica, por utilizar acuerdos con fabricantes de computadoras personales (PC) para bloquear sistemas operativos y navegadores web rivales, entre ellos Netscape. Terminó en un arreglo que permitió mayor competencia, pero no salvó a su rival.
Nueva realidad
Los tiempos han cambiado desde entonces, y el ecosistema tecnológico aún más, gracias a la conectividad, la capacidad de procesamiento, la ubicuidad de los dispositivos y el explosivo desarrollo de la inteligencia artificial (IA).
El 25 de agosto, apenas dos semanas antes de que se abriera el caso en Washington, las mayores plataformas en línea y buscadores digitales (19 en total) que operan en la Unión Europea (UE) debieron comenzar a cumplir con una serie de regulaciones impuestas por la Ley de Servicios Digitales (LSD). Su propósito es crear un entorno en línea más seguro, transparente y responsable.
Las nuevas disposiciones se aplican, entre otros servicios, a X (antes Twitter), TikTok, Facebook, Google, Amazon, la AppStore de Apple, LinkedIn y YouTube. Incluyen nuevas responsabilidades para estos y otros proveedores de servicios en línea, destinadas a limitar la difusión de contenidos y productos ilícitos, mejorar la protección de los menores, hacer más transparentes sus algoritmos y ampliar las posibilidades de elección e información de los usuarios. Es decir, fortalecer sus derechos.
La LSD es una de las dos columnas que sostienen la estrategia europea sobre las plataformas y servicios digitales. La otra, llamada Ley de Mercados Digitales (LMD), se centra en aspectos esencialmente comerciales; entre ellos, precisamente, limitar controles excesivos o prácticas monopólicas por parte de las compañías. Y está en construcción un tercer pilar, sobre IA.
Al amparo de la LMD, el 6 de este mes, la Comisión Europea, rama ejecutiva de la UE, designó a seis grandes empresas digitales como “guardianes de acceso” (en inglés, gatekeepers), por su gran capacidad para regular el flujo de las interacciones entre consumidores y proveedores. La lista está compuesta por Alphabet (propietaria de Google), Amazon, Apple, ByteDance, Meta (propietaria de Facebook, Instagram y Threads) y Microsoft.
De este modo pretende garantizar el carácter abierto del ecosistema digital e impedir que, mediante condiciones injustas o un uso exacerbado de sus dominios de mercado, vulneren la competencia.
Dos rutas
El juicio contra Google en Washington, por un lado, y la plena puesta en operación de las nuevas leyes de la UE —vigentes desde noviembre del 2022—, por otro, reflejan dos tipos de abordajes muy diferentes a los desafíos del mundo digital.
El de Estados Unidos es esencialmente conservador. Aunque las discusiones en el Congreso y otros ámbitos sobre mayor y mejor regulación son múltiples e intensas, hasta el momento no han conducido a ninguna pieza de legislación, sea en el ámbito estrictamente comercial o, menos aún, el de los contenidos.
Gracias a la primera enmienda de su Constitución, el umbral para cualquier intervención estatal en esta última materia es sumamente alto y difícil de superar. Entre tanto, en la dimensión empresarial, además del enorme poder de cabildeo de las grandes corporaciones, que actúa como dudosa limitante, existe una gran resistencia a tomar medidas que frenen los ímpetus innovadores, reales o no, de los emprendedores: la “mano invisible”, esta vez de Silicon Valley, ha prevalecido.
Por esto, para querellarse contra Google, el Departamento de Justicia debió recurrir a una centenaria ley, la Sherman Act, aprobada en 1890 ante los ímpetus monopólicos de grandes conglomerados industriales, entre ellos los ferrocarriles, el petróleo y el acero. Que mantenga vigencia es muestra de su carácter visionario, pero también de incapacidad política y legislativa para adaptarse a los nuevos tiempos.
Esto es lo que sí ha decidido hacer la UE. Sus efectos apenas han comenzado a notarse, y es prematuro para emitir un criterio sobre sus bondades, limitaciones, vacíos o barreras. La ventaja es que, en medio de los parámetros establecidos por los legisladores, tanto la LSD como la LMD ofrecen a la Comisión Europea razonable margen de flexibilidad para su aplicación, siempre en el marco de la ley y el debido proceso. Por esto, apuntan a un excelente modelo de regulación democrática.
Y ahora, la IA
Pero mientras aún está en construcción el andamiaje legal para la era de las redes, un nuevo y más consecuente desafío ha surgido: el de la inteligencia artificial. Cómo abordarlo desde los ámbitos empresariales, académicos y estatales es una interrogante abierta.
De nuevo, Europa lleva la delantera en los intentos de regulación desde las instituciones democráticas. Estados Unidos, por ahora, se encuentra en la etapa de las discusiones y los compromisos voluntarios.
El 14 de junio de este año, los eurodiputados adoptaron una posición negociadora sobre un borrador acerca de la IA presentado en el 2021 por la Comisión. Como prioridad, han establecido que los sistemas utilizados en la UE sean seguros, transparentes, trazables, no discriminatorios y respetuosos con el medioambiente. De ahí a los detalles, el camino es complejo.
El 23 de julio, tras una reunión con el presidente Joe Biden, la Casa Blanca anunció que siete compañías con programas de inteligencia artificial se habían comprometido a adoptar medidas para garantizar un desarrollo seguro de la tecnología. El miércoles, un foro entre senadores, “titanes” tecnológicos y otros sectores, discutió la materia en el Capitolio y acordó focalizarse en lo urgente: acciones previas a las elecciones de noviembre del próximo año para reducir el impacto de la desinformación. El resto seguirá después
La prioridad
La conclusión, tanto sobre los navegadores hace 25 años como los buscadores, redes digitales e inteligencia artificial ahora, es que las innovaciones avanzan con mucha mayor rapidez que la legislación y las regulaciones.
No es algo nuevo en el ámbito de la tecnología, para bien o para mal; razón de más para no cejar en los esfuerzos de generar regulación inteligente, vigorosa y transparente en el marco de los procesos democráticos y el Estado de derecho.
Al margen del ámbito de avance, en el centro deben estar los seres humanos. “El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado”, dice el Evangelio de san Marcos. Parafraseándolo, y con urgencia, debemos decir que “la tecnología debe estar en función de los seres humanos, no estos en función de la tecnología”.
Así, espero, podremos tener menos cosas que lamentar y muchas más que celebrar.
El autor es periodista y analista.
