La decisión fue unánime, buena señal de compromiso legislativo. El miércoles, los 51 diputados y diputadas presentes dieron su voto para establecer una comisión especial de reformas a nuestro sistema político y electoral. Su objetivo, que transcribo tras someterlo a corrección de estilo, es “estudiar, analizar, proponer y dictaminar proyectos de ley relacionados con la estructura institucional, el sistema político y electoral costarricense”. Lo abre aún más con la frase “así como las que considere oportunas”.
El mandato es trascendente y oportuno. Si existiera alguna duda, un dato de la encuesta del CIEP-UCR, divulgada el mismo día, basta para despejarla: apenas el 21 % de la muestra dijo simpatizar con algún partido. Pero el mandato es también excesivamente amplio, y hasta ambiguo, por lo que la comisión podría naufragar si no es capaz de acotar, calendarizar y sistematizar su trabajo.
¿Como hacerlo? Me atrevo a plantear cuatro sugerencias. La primera es concentrarse en las reformas electorales, sobre todo tres proyectos planteados hace meses por el TSE, y evitar la tentación de abordar la “estructura institucional” y el “sistema político” antes de cumplir la primera tarea, más urgente, específica y viable. Las propuestas del Tribunal buscan mejorar el modelo de financiamiento electoral, fortalecer la representatividad e institucionalidad de los partidos y regular las nuevas formas de propaganda. No son perfectos, pero con ajustes mínimos podrán introducir mejoras indispensables en los tres ámbitos.