Esta es la pregunta que me ronda al ver y escuchar el trato que algunos diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) les dan a las universidades públicas y a sus rectores y rectora. De manera recurrente, las formas acusatorias, altaneras, inquisitorias e irrespetuosas caracterizaron el trato de las diputaciones oficialistas hacia las autoridades universitarias. Varios legisladores tuvieron que pedir respeto debido al tono del presidente de la comisión.
Tengo muy claro que existe la obligación de rendir cuentas, pero de ahí a soportar humillaciones hay muchos pueblos de distancia. Jamás debería ser esa la forma. Reduce la calidad de la conversación.
Trabajo en la UNA y la UCR. Conozco sus aportes y sus problemas. Sé que se deben justificar los gastos y que hay errores que corregir. Estamos en ese proceso constante de revisión y cambio. Sabemos que necesitamos fiscalización seria. De hecho, todo lo que hacemos en las universidades públicas pasa por la Contraloría General de la República. Por eso, cuando la sospecha sustituye a la evidencia y el interrogatorio se convierte en escarmiento, queda claro que lo que se busca es desacreditar primero para recortar después.
La factura que se nos quiere cobrar va más allá del despacho de un rector. Según las autoridades universitarias, las rebajas propuestas comprometen sedes regionales y 417 nuevos cupos en ingenierías. Pierde el joven cuya familia no puede costearle los estudios lejos de casa. Cuesta entender qué privilegio se combate cerrándole esa puerta.
Cuando digo “nos” en el título, pienso en más personas. Incluyo a quienes necesitan una beca, una ambulancia, un diagnóstico o una cirugía. El proyecto presupuestario para 2027 plantea recortes al IMAS, a Avancemos, al transporte estudiantil, a la alimentación escolar y al Poder Judicial. La Cruz Roja reclama fondos pendientes y analiza cerrar comités. Los ricos podrán pagar un servicio privado de emergencias: ¿los pobres?
En la Caja, la suspensión de inversiones retrasó el hospital de Golfito; Cartago acumula demoras; Limón tuvo una licitación sin oferentes, y el nuevo Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes fue proyectado hasta 2038. Cuando uno observa la forma en la que se ha manoseado la Junta Directiva de la Caja, solo me llega una palabra: odio o, al menos, desprecio. La mayoría de la gente sigue esperando la infraestructura que necesita hoy.
Persisten, además, las listas de espera y una brecha de especialistas que la propia Caja cifró en unos 900. A sus trabajadores se les suma la incertidumbre de los errores en el pago de los salarios. La negligencia administrativa alcanza tanto a quien atiende como a quien espera atención.
Pero, irónicamente, para el Cacco hubo prioridad política y capacidad de ejecución. Mientras tanto, los 879 centros educativos que tenían órdenes sanitarias deben esperar. ¿Por qué no existe una urgencia similar para reparar aulas, construir hospitales y fortalecer a quienes investigan el delito? ¿Será porque produce fotografías menos espectaculares?
Por otro lado, productores agrícolas, empresas turísticas e industrias del régimen definitivo advierten sobre costos, pérdida de rentabilidad y dificultades para sostener empleos. Las reducciones y salidas de operaciones de empresas multinacionales muestran que las zonas francas tampoco son inmunes. Economistas han cuestionado una política monetaria excesivamente restrictiva y sus efectos sobre la apreciación del colón. El Banco Central también debe examinar las consecuencias de sus decisiones sobre la producción y el empleo.
Como he señalado antes, no todos estos problemas surgieron con el gobierno anterior ni pueden atribuirse exclusivamente al actual. Tampoco, todo cierre empresarial responde a la política del Banco Central. Pero esa complejidad no borra sus responsabilidades, aunque sean parciales. Hubo promesas claras y públicas de resolver problemas; sin embargo, no pocos se agravaron y otros se han dejado avanzar mientras concentran sus energías en buscar enemigos.
Si realmente les preocupa el bienestar general, deberían demostrarlo actuando en las prioridades presupuestarias, con diligencia para corregir errores y con la capacidad de escuchar a quienes sufren las consecuencias. La inacción y la negligencia tienen costos: los pagan personas concretas y los heredarán generaciones que todavía no pueden reclamar.
Muchos votaron hartos de los partidos tradicionales y del PAC: se entiende. Querían una nueva forma de hacer política: menos corrupción, nepotismo y reparto de puestos. Sin embargo, todos esos vicios siguen ahí. La promesa de cambio se parece demasiado a una versión recargada de aquello que se condenaba.
Quienes creyeron en promesas concretas no pedían milagros. Tienen derecho a preguntar por esos ofrecimientos que se tiraron por el caño. Haber recibido un país con problemas no da excusa para administrarlos con indiferencia; más bien, obliga a trabajar para resolverlos: para eso sometieron su nombre, voluntariamente, a la ciudadanía.
¿Por qué nos odian tanto? Quizá no sea esa la palabra que mejor describe lo que sienten. Pero entre la hostilidad hacia quienes cuestionan, las promesas incumplidas y la insuficiente respuesta al sufrimiento cotidiano, cuesta reconocer una preocupación real por nuestro bienestar. El de quienes vivimos aquí hoy y el de quienes recibirán el país que estamos dejando.
juan.romero.zuniga@una.ac.cr
Juan José Romero Zúñiga es médico veterinario, profesor de Epidemiología en la UNA y la UCR. Ha publicado aproximadamente 140 artículos científicos en revistas especializadas.
