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En el clásico programa de concursos estadounidense To Tell the Truth, tres participantes afirmaban tener la misma identidad mientras un jurado de famosos les hacía preguntas, en busca de inconsistencias. Una vez que los panelistas emitían sus votos, el presentador formulaba la famosa pregunta: “¿Podría ponerse de pie el verdadero XXXX, por favor?”.
Los venezolanos llevan haciéndose esa pregunta sobre el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, desde que las tropas estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro en enero. Más de seis meses después, siguen esperando una respuesta.
Parece que hubiera tres Rubio, cada uno con argumentos plausibles para afirmar que es el auténtico. El primero es el Rubio que muchos venezolanos creían conocer: el hijo de inmigrantes cubanos que entiende lo que la dictadura les hace a los países y a las familias, y que ha dedicado la mayor parte de su vida pública a denunciar la tiranía y a defender la libertad, la democracia y el Estado de derecho.
Este Rubio supuestamente libra una batalla cuesta arriba contra aquellos miembros de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que ven a Venezuela no como una democracia que hay que restaurar, sino como un yacimiento petrolífero que explotar y un problema de seguridad que gestionar. Quiere que se libere a los presos políticos, que se desmantelen las instituciones represivas, que se reconstruya el sistema electoral y que los venezolanos sean libres de elegir a sus propios dirigentes, garantizando así que el régimen de Maduro no sobreviva bajo una nueva gestión.
El segundo Rubio no se opone a la estrategia de la administración. La lleva a cabo, asegurándole a la oposición que las reformas democráticas llegarán mientras Estados Unidos alcanza un acuerdo con quienes han heredado la maquinaria de Maduro, liderados por la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez. El policía bueno y el policía malo se nutren, por lo tanto, del mismo guion.
El tercer Rubio, por su parte, preside una economía política opaca en la que los ingresos petroleros, los contratos y las instituciones de Venezuela sirven a los miembros del régimen y a los negociadores de Washington, haciendo que la democracia pase de ser un objetivo manifiesto a convertirse en el principal obstáculo. Meses después de que Rodríguez asumiera la presidencia, su gobierno interino sigue estando integrado por los leales al régimen. Más de 300 presos políticos permanecen entre rejas, el aparato represivo está intacto y no se ha anunciado ningún calendario electoral. Cuando se le preguntó cuándo podrían votar los venezolanos, Rodríguez respondió: “No lo sé, algún día”.
El mensaje no podría ser más claro. Dos años después de que los venezolanos votaran de forma abrumadora a favor del candidato presidencial de la oposición, Edmundo González, solo para ver cómo le robaban su victoria aplastante, no se ha cumplido ninguno de los requisitos previos para unas elecciones creíbles. Antes de que los venezolanos puedan volver a votar, el país necesita una autoridad electoral independiente, un registro electoral que incluya a los ocho millones de venezolanos que viven en el extranjero, la derogación de las leyes represivas del régimen, observadores electorales internacionales y garantías de que las fuerzas armadas respetarán el resultado.
Ya nadie puede seguir fingiendo que estas son decisiones puramente venezolanas sobre las que Estados Unidos no tiene ninguna influencia relevante. Tal y como informó recientemente el New York Times, Rubio efectivamente controla las finanzas de Venezuela y la asignación de sus recursos naturales. Según se informa, Rodríguez incluso solicita su aprobación para nombramientos gubernamentales importantes.
Asimismo, la mayor parte de los ingresos por exportaciones de Venezuela van a parar primero a manos del Tesoro de Estados Unidos, que los devuelve con condiciones impuestas –un acuerdo que el ‘New York Times’ comparó con “esos padres que les dan una mensualidad a sus hijos”–. Al ejercer un grado de control sobre un país soberano que ningún funcionario estadounidense había ejercido desde que Paul Bremer estaba al mando del Irak ocupado, Rubio ha sido apodado “el virrey” por funcionarios estadounidenses y venezolanos.
Si bien la administración Trump se jacta de que miles de millones de dólares en ingresos petroleros están llegando a Venezuela, la realidad es que no se han rendido cuentas públicamente de cuánto se ha recaudado ni de cómo se ha gastado el dinero. La democracia no puede construirse sobre cuentas secretas, y una transición democrática no puede inspirar confianza cuando el hombre que la supervisa también controla las riendas del erario público.
El nuevo gobierno se enfrentó a su primera gran crisis el 24 de junio, cuando dos terremotos de gran magnitud, de 7,2 y 7,5, sacudieron el país con 39 segundos de diferencia, devastando Caracas y el estado costero de La Guaira. Según cifras propias del gobierno, murieron casi 5.000 personas y más de 16.000 resultaron heridas. Organizaciones de la sociedad civil siguen contabilizando decenas de miles de personas como desaparecidas, mientras que, según se informa, las fuerzas de seguridad obstaculizaron las labores de rescate.
Rodríguez ha desestimado las críticas a la respuesta como una conspiración contra su gobierno, y el estado de emergencia resultante se ha convertido en la última excusa para demorar la transición democrática. En la Venezuela actual, incluso los desastres naturales sirven a quienes están en el poder.
Nada ofrece un indicio más claro de las verdaderas intenciones de la administración Trump con respecto a Venezuela que el trato que le ha dispensado a María Corina Machado, la líder de la oposición que unificó el movimiento democrático venezolano y ganó el Premio Nobel de la Paz en 2025. Cuando Machado intentó regresar a casa después de los terremotos, el gobierno de Rodríguez cerró el espacio aéreo del país y amenazó a cualquiera que pudiera ayudarla.
El gobierno de Rodríguez no actuó solo. Funcionarios estadounidenses obligaron al avión de Machado a dar media vuelta, mientras que un alto funcionario de la Casa Blanca tildó su intento de regresar de “oportunismo político grotesco”. Al colaborar con el régimen venezolano para mantener en el exilio a la líder democrática más popular del país, Rubio socavó la imagen de “policía bueno” que había cultivado con tanto esmero.
A los venezolanos en Estados Unidos no les ha ido mejor. La administración sigue sometiéndolos a restricciones de visado, ha puesto fin a los permisos de estadía humanitarios para 117.000 venezolanos que entraron legalmente con patrocinadores estadounidenses, les ha retirado el “Estatus de Protección Temporal” a cientos de miles de personas y ha seguido organizando vuelos de deportación a Caracas. Si Venezuela era lo suficientemente intolerable como para justificar la destitución de su gobernante, ¿cómo puede ser lo suficientemente segura como para acoger precisamente a quienes huyeron de su régimen?
Entonces, ¿cuál es el verdadero Rubio? ¿El defensor de la libertad acosado por las críticas? ¿El policía bueno que tranquiliza a la oposición democrática venezolana mientras la administración negocia sus propios acuerdos? ¿O el virrey poderoso cuyas acciones sugieren que la democracia venezolana nunca fue más que una moneda de cambio? Quizá la respuesta ya no importe. La ambigüedad no es una virtud; es una elección.
Seguramente habrá más anuncios en los próximos meses. Puede que haya una fecha en el calendario electoral, un fondo de reconstrucción u otro gesto hacia la oposición. Juzguen esas promesas únicamente por lo que se pueda verificar: la liberación de los presos políticos; una autoridad electoral en la que los venezolanos puedan confiar; un censo electoral auténtico; Machado en casa y a salvo, y una rendición de cuentas por cada dólar de los ingresos petroleros. Cualquier otra cosa es puro teatro.
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Ricardo Hausmann es exministro de Planificación de Venezuela y execonomista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo. Es profesor de la Harvard Kennedy School y director del Harvard Growth Lab. Copyright: Project Syndicate, 2026.
