Hace dos años, a medianoche del 13 de diciembre del 2018, la policía al servicio del régimen de Daniel Ortega asaltó y saqueó la redacción de Confidencial y Esta Semana, sin contar con una orden judicial.
Un día después, el atropello continuó con la ocupación permanente de nuestra redacción por elementos armados de la Policía, que ahí se mantienen desde hace 24 meses.
El asalto y la ocupación ilegal de Confidencial representa una triple agresión: contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de empresa, derechos tutelados en la Constitución Política.
En enero del año pasado, el gobierno impuso, además, una censura de facto en contra de Canal 12, 100% Noticias, y la televisión por cable para impedir la difusión de Esta Semana, Esta Noche, y otros programas televisivos independientes, violando el derecho a la libertad de difusión de información.
Esta sucesión de actos de fuerza no solamente lesionan nuestros derechos individuales como periodistas, también afectan a todos los ciudadanos al negarles el derecho constitucional a recibir información sin ninguna clase de cortapisas o restricción.
Compromiso con la verdad. A pesar de esta brutal coerción, nunca dejamos de informar con rigor profesional, ni un solo día. Recurrimos a las plataformas de la redes sociales para derrotar la censura, con el respaldo de nuestra audiencia, y afianzamos la credibilidad del periodismo crítico, aun en medio de la polarización.
Nuestra redacción, ocupada manu militari, sigue estando en las mentes y en los corazones de nuestros reporteros y en la determinación de no someternos a la censura y la autocensura, y de no ceder ni transar nuestro compromiso con la verdad.
En estos dos años de persecución, hemos agotado todos los recursos legales ante el Ministerio Público para que investigue el robo perpetrado por la policía y ante la Corte Suprema de Justicia para que ordene la suspensión de esta ocupación, sin obtener ninguna respuesta.
En efecto, la Corte Suprema de Justicia admitió tres recursos de amparo en nombre de las empresas Invermedia-Confidencial, Promedia-Esta Semana y Cabal, pero desde inicios del 2019 están a la espera de un fallo de la Sala Constitucional, y la Corte ya violó sus propios plazos de ley para impartir justicia.
El presidente, Daniel Ortega, jefe supremo de la Policía, nunca se ha atrevido a explicar por qué ordenó cerrar un medio de comunicación por la fuerza.
El que sí intentó justificar el crimen es el jefe de la Policía, Francisco Díaz, en una especie de mea culpa oficial.
Reconocimiento. En un informe enviado a la Corte Suprema de Justicia en febrero del 2019, el primer comisionado Díaz prácticamente admitió que no tenía ninguna facultad legal para confiscar las empresas de medios de comunicación Invermedia-Confidencial y Promedia-Esta Semana.
En el documento oficial, Díaz alega que en diciembre del 2018 la Policía recibió una solicitud del Ministerio de Gobernación para auxiliarle en la incautación de los bienes de la organización no gubernamental Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), que fue despojada de su personería jurídica el 12 de diciembre del 2018.
Pero lo que hizo la Policía no fue intervenir la oenegé Cinco, sino asaltar y ocupar dos medios de comunicación y una tercera empresa, Cabal —consultoría de servicios ambientales—, que están inscritas en el Registro Mercantil y no tienen ninguna relación con la mencionada oenegé.
Bastaría esta confesión de parte para que la Corte Suprema de Justicia ordenara a la Policía la suspensión de la ocupación y la devolución de los bienes incautados, y que el Estado restituyera las libertades y asumiera su responsabilidad en la indemnización y reparación de los daños causados.
Sin embargo, bajo la dictadura Ortega-Murillo, no hay justicia, y los magistrados se limitan a ejecutar las órdenes políticas que emanan del poder autoritario.
Petición. Por ello, al agotarse todos los medios para obtener justicia en Nicaragua, hemos recurrido, a través de la fundación Raza e Igualdad, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, con una petición por la violación de los derechos consignados en la Convención Americana, en perjuicio de 39 periodistas y trabajadores de Confidencial y Esta Semana, La Costeñísima, 100% Noticias y Radio Darío.
Si se confirma la negativa de la Corte Suprema, la demanda contra el Estado de Nicaragua será finalmente llevada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Tengo la convicción de que, más temprano que tarde, la justicia prevalecerá para todas las víctimas de la represión, incluidos los periodistas independientes.
A dos años del asalto a Confidencial, seguimos demandando la suspensión del Estado policial, la liberación de todos los presos políticos y el cese de la censura y la persecución contra el periodismo independiente.
A pesar de la ocupación física de nuestra redacción, nunca nos callaron ni podrán impedir con la nueva ley mordaza que sigamos fiscalizando el poder, investigando y denunciando la corrupción.
En noviembre del 2019 regresé a Nicaragua del exilio en Costa Rica para seguir contando la historia que empezó a escribirse en abril del 2018: la salida del poder de una dictadura sangrienta por medios políticos pacíficos.
Una historia de dolor y esperanza, cuyos principales protagonista son los ciudadanos autoconvocados, la nueva mayoría política Azul y Blanco, que siguen resistiendo bajo asedio, en la cárcel o en el exilio.
Aquí estamos, haciendo periodismo para recuperar la libertad paso a paso, en esta cruzada nacional por la verdad, la democracia y la justicia social, para que «Nicaragua vuelva a ser República».
carlosf.chamorro@confidencial.com.ni
El autor es periodista nicaragüense.