El decreto para crear la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) demuestra arrogante torpeza política o intención de manipular la intimidad de los ciudadanos. En los dos casos, el resultado es fatal: aumenta la desconfianza de los ciudadanos.
Da la impresión de que las autoridades no han acabado de comprender la repercusión de la confianza para el bienestar de las personas.
Los Gobiernos, salvo los basados en el mito de la racionalidad del socialismo, no deben directa y sustancialmente determinar el resultado de la economía. El resultado depende principalmente de los trabajadores y el empresariado en el sector privado.
Las actividades de la Administración Pública, los planes de seguridad social de afiliación obligatoria, la enseñanza, la atención de la salud y la asistencia social —incluidos los grandes sectores privados dedicados a la enseñanza y la salud— solo generan el 17,4 % del producto interno bruto, según datos del Banco Central del 2019.
Claro está, aun siendo una proporción menor a la quinta parte de la producción, esa acción directa del gobierno es necesaria para el resultado económico. De ahí el valor de hacer uso eficiente de los recursos a disposición del Estado y construir la infraestructura y los bienes públicos para incidir en la productividad de la economía.
El factor principal. Pero son aún más importantes los efectos de las acciones del Estado sobre el mercado. Dado el conocimiento, el capital, los recursos naturales y las influencias externas, muchos factores determinan la conducta de consumidores, ahorrantes e inversionistas privados, entre ellos el diseño institucional, incluidos tanto la organización de los entes públicos como leyes, regulaciones, permisos y trámites impuestos por el Estado; las normas consuetudinarias derivadas de nuestras tradiciones; y la confianza de los actores económicos en la estabilidad (no inmovilismo ni falta de competencia) que reducen la incertidumbre sobre el resultado de sus acciones.
Entre todos esos factores determinantes, la confianza es el más influyente a corto plazo para el crecimiento de la producción. He ahí la razón por la cual la acción del gobierno debe generarla.
Elevados niveles de confianza mueven a invertir y consumir, acelerando, así, el crecimiento de la economía dentro de las limitaciones impuestas por otras condiciones a la capacidad del incremento.
Los otros limitantes requieren ajustes estructurales que demandan un plazo más largo para rendir frutos, como, por ejemplo, mejorar la calidad y la cobertura de la educación, y de la capacitación para el trabajo, la innovación y la competitividad.
Son datos bien sabidos: la producción se vino ralentizando a partir del 2015 y la confianza disminuye desde la crisis de liquidez del gobierno en el 2017 y debido al hueco fiscal heredado en el 2018.
Para comprobarlo, están los índices de percepción y confianza empresarial generados por la Uccaep, cuya baja es constante a partir del 2018 hasta llegar a sus niveles históricos más bajos. También, desde agosto del 2015, el índice de confianza del consumidor, medido por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, llega a sus más bajos niveles para iniciar un repunte en noviembre del año pasado.
Ese repunte, en mi opinión, corresponde a la reversión en el segundo semestre del 2019 del descenso del índice mensual de actividad económica (IMAE) y a los primeros efectos de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Caída de cuidado. Pero este año, dos hechos de envergadura podrían debilitar la confianza de consumidores y empresarios: el conocimiento de los pobres resultados fiscales del 2019 y la degradación de Moody’s a la deuda externa.
Esos dos datos deberían mover a las autoridades a actuar decididamente para recuperar la confianza, pero no parece ser prioridad del Poder Ejecutivo.
El establecimiento en la Presidencia de una oficina para acceder a información confidencial de los ciudadanos se une a otras manifestaciones del gobierno que ponen en riesgo los derechos a la intimidad, la propiedad y la seguridad jurídica. Tal actuar aumenta la incertidumbre y genera desconfianza.
¿Qué necesidad hay de abogar por la eliminación del secreto bancario cuando para perseguir la evasión tributaria bastaría con proponer medidas específicas y muy limitadas para acelerar el acceso a la información?
Si es preciso mejorar la confianza en la propiedad, ¿por qué seguir insistiendo en una legislación muy peligrosa de extinción de dominio? ¿Para qué emitir un reglamento del INVU que amenaza la propiedad inmueble?
En medio de una frágil situación económica, social y política, y finanzas públicas endebles, ¿por qué favorecer en sesiones extraordinarias reformas a la Ley de Protección al Trabajador que dañarían gravemente la seguridad social y amenazan la estabilidad del sector financiero?
¿Para qué propiciar, como el gobierno pasado, la llamada ley mordaza cuyo deseo era imponer límites al suministro de información pública?
¿Por qué no ha sido eliminado el levantamiento de reservas —establecido al final del anterior gobierno— en favor de transnacionales del entretenimiento? La eliminación de esas reservas pone en riesgo la posibilidad de los radioyentes de recibir contenido gratuito y debilita la independencia de las radiodifusoras.
Si el gobierno desea dejar un fructífero legado de orden fiscal y reactivación económica, debe priorizar y focalizar sus acciones.
El autor es expresidente de la República.