El fundamento de nuestra democracia liberal está establecido en la Constitución de 1949, la cual cumple, con orgullo y buenos frutos, su 70 aniversario, y en lo fundamental es una continuación de la de 1871.
Como construcción humana es perfectible, lo que con prudencia se ha hecho mediante reformas parciales, pero desde hace mucho tiempo se expresan válidas preocupaciones sobre el sistema de nombramiento de los magistrados. No había satisfacción con el sistema poco regulado con el que durante cinco décadas se llevó a cabo la elección por simple mayoría de la Asamblea Legislativa.
Cuando la Sala Constitucional fue creada, se exigió dos terceras partes de los votos del Poder Legislativo y, posteriormente, se estableció esa cantidad para todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, y se estipuló también un trámite específico de presentación de atestados y examen de candidatos en una comisión especial del Congreso. Este método también ha sido criticado.
Falta de transparencia. En la práctica, casi solo permite elegir candidatos provenientes del propio Poder Judicial, lo cual elimina la renovación con visiones y experiencia de la academia y del ejercicio liberal de la abogacía.
El procedimiento pretende la loable objetividad y eliminación de compadrazgos políticos o de otro tipo. Pero impide a los diputados, que no conforman la comisión de nombramientos, conocer y examinar a los candidatos entre los que deben escoger.
Se ha criticado la posibilidad de elegir magistrados prematuramente, cuando la experiencia y el ejercicio de la profesión no son suficientes.
También se señala que la forma de reelección imposibilita a los representantes del pueblo seleccionar libremente su recambio. Es muy fácil movilizar a la opinión pública contra la reelección. Dado lo ilimitado de los períodos para ejercer el cargo, de ocho años, este procedimiento consagra de por vida a los magistrados en sus puestos.
Decisiones por mayoría. La democracia liberal, el gobierno moderado de un Estado de derecho, la forma de gobierno que se organiza para que la representación de los ciudadanos tome decisiones por mayoría, respetando los derechos de las minorías, según la opinión pública conformada por discusión inteligente, tiene como uno de sus fundamentos esenciales limitar el ejercicio del monopolio de la coacción que se asigna al Estado.
Así como este último surge para evitar que rija en la sociedad la coacción de unos contra otros, es preciso a su vez limitar mediante claros procedimientos el ejercicio del poder estatal, para que no resulte la medicina igual o peor que la enfermedad.
Por eso, la democracia liberal tiene como uno de sus elementos sustanciales la división de poderes, independientes, pero coordinados, cada uno con competencias claramente establecidas, que se limiten y equilibren entre ellos. Es la división de poderes conceptualizada por Montesquieu y construida como el sistema de pesos y contrapesos de la Constitución de los Estados Unidos.
El sistema de equilibrios para controlar el poder del Estado se ha desarrollado en los últimos dos siglos por medio de un conjunto de instituciones surgidas, gradualmente, de las concepciones de filósofos y pensadores sociales, y de pruebas y errores en la ejecución.
Es imposible asegurar a priori las ventajas de una propuesta de reformas a este conjunto institucional, ni siquiera si surgiera de la mente más privilegiada y del alma más pura. Son tantas las variables envueltas y las condiciones espacio-temporales que ello es imposible. Por eso, la democracia liberal, y en ella la división de poderes, son construcciones imperfectas, perfectibles y siempre en proceso de superación, que ameritan revisarse. Pero, a la vez, demandan de los pueblos moderación y prudencia en los ajustes para no dar al traste con lo que tanto esfuerzo ha costado ir elaborando.
Erradicar la imposición. Toda reforma al nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia debe asegurar que no se trata de la imposición de un poder sobre otro, ni de hacer ineficaz el sistema de pesos y contrapesos, el equilibrio de poderes, que debe respetar las competencias y la independencia de cada uno. En especial, debe evitar que se menoscabe la independencia del Poder Judicial como bien lo ha consagrado nuestro constituyente.
Ese requisito se perdería si los magistrados resultaran elegidos por períodos muy cortos, y sujeta su reelección a simple mayoría.
Propuesta. Tomando en consideración estos elementos, y con ánimo de contribuir a un significativo debate, me permito reiterar lo que en el pasado he propuesto (abril del 2018) con algunas adiciones.
Mantener la elección de los magistrados por dos tercios de los integrantes de la Asamblea Legislativa; elegir abogados con 25 años de incorporación al colegio respectivo, por un período de seis años, con la posibilidad de una única reelección; y la elección se haría por propuesta del presidente de la República.
Mi planteamiento posibilita el nombramiento de profesionales procedentes del Poder Judicial y también de la academia, de las instituciones y de la práctica profesional privada. La responsabilidad abierta y clara del presidente y la necesidad de obtener el apoyo de dos tercios del Congreso lo obligaría a escoger con gran cuidado a sus nominados.
La reelección se efectuaría de conformidad con la regla actual: se mantiene en el cargo si no se oponen dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Legislativa.
marodrige@gmail.com
El autor es expresidente de la República.
