Las medidas para conseguir el desarrollo sostenible están constituidas por una amplia gama de opciones. Los enfoques se limitaron, inicialmente, a los “mecanismos de comando y control”, basados en prohibiciones y restricciones impuestas con sanciones en casos de transgredir las leyes.
El efecto de la estrategia ha sido limitado, debido a las dificultades para hacer cumplir las normas ambientales tanto de manera preventiva —mediante el control de permisos y autorizaciones de diversa índole— como para fiscalizar el adecuado desempeño de las actividades domésticas y, sobre todo, empresariales.
Ante tales carencias, tomó fuerza el fomento y uso de los mecanismos económicos o de mercado, así como la denominada “autorregulación” o “regulación voluntaria”. A pesar de que para cierto sector ambientalista el empleo de mecanismos de autorregulación y mercado son poco eficaces, no es más que un abordaje complementario a la regulación tradicional basada en la estrategia de “comando y control” y cuya utilización en las políticas públicas y estrategias ambientales se ha incrementado aceleradamente.
Los consumidores han desempeñado un papel esencial en la generación y desarrollo de muchas iniciativas de autorregulación, pero han acabado transformándose en instrumentos de certificación y, a la vez, base para el diseño de leyes y reglamentos con incidencia en los procesos y métodos de producción.
Así ha ocurrido, por ejemplo, cuando movimientos de consumidores con el apoyo y liderazgo de organizaciones de la sociedad civil han promovido “castigar”, mediante su poder de decisión, a quienes, mediante prácticas ambientales insostenibles, deforestan u ocasionan daños a consecuencia de la producción e industrialización de la madera, y han obligado a que, en respuesta, involucrados en tales actividades ajusten sus prácticas y métodos para hacerlos social y ambientalmente justos.
Cambio de estrategia. Algunas reacciones de los consumidores se tradujeron en el boicot o rechazo a la producción de bienes y servicios cuyo resultado fue el aumento en la huella ambiental, las cuales a su vez fueron escuchadas por cadenas de supermercados y detallistas que adoptaron prácticas de compra similares. No obstante, en el primer momento, los productores optaron por cambiar a actividades aún más dañinas para el medio y, además, los efectos de los boicots repercutieron con mayor fuerza en sectores con menos capacidad económica para transformar sus procesos, primordialmente, ubicados en países en desarrollo.
En los años ochenta comenzó la creación de los primeros mecanismos de certificación. A diferencia de los anteriores, estos premian a quienes decidan adecuar sus sistemas de trabajo a estándares acordados para la sostenibilidad ambiental y social.
En ciertos casos, los intentos de reconvertir el consumo y la producción han finalizado, como en Noruega, en la promulgación de leyes vinculantes para impedir la importación de bienes producidos en condiciones ambientales insostenibles. Con ello se pretende garantizar la adquisición de los conocidos “commodities libres de deforestación”.
El enfoque de mirar solo esta problemática (cambio de uso del suelo) resulta limitada si el objetivo es eliminar la huella total asociada a esos productos, como, por ejemplo, el aceite de palma.
Una situación parecida se presenta con el plástico, especialmente, el de un solo uso, y sus efectos negativos sobre el medio en general y, en particular, sobre los ecosistemas marinos. Una combinación de preferencias del consumidor (rechazo al plástico de un solo uso), iniciativas voluntarias de comercios para sustituirlo por otros, como las bolsas de tela, acciones institucionales diversas (incluidas las municipalidades) para excluirlos de las compras públicas, han generado un mejor escenario para la promulgación de nueva legislación, al punto que varios proyectos de ley se encuentran en la Asamblea Legislativa con el propósito de restringir el uso de los plásticos de un solo uso mediante impuestos verdes. Quedarían gravados también empaques y embalajes según el grado de contaminación que causen.
Poder del consumidor. En otras áreas, no menos relevantes, fueron identificadas oportunidades para que el consumidor manifieste, mediante el poder de compra, su voluntad de contribuir a la protección del medioambiente. Tal es el caso, entre otros, de los productos pesqueros.
La información adecuada suministrada en un lenguaje comprensible para todos es un elemento esencial en toda iniciativa. Se pretende que los compradores prefiramos o paguemos más por aquellos bienes o servicios producidos en armonía con el ambiente y, consecuentemente, las empresas obtengan ingresos adicionales. Así, ganan mercado, mejorarán su imagen pública, disminuirán costos de seguros y otros gastos, e incluso incrementarán el valor de sus acciones.
Si bien aún queda mucho camino por recorrer, y claramente la situación económica es un factor por tomar en cuenta, estudios hechos dentro y fuera del país demuestran un crecimiento en el interés de las personas en la forma como los bienes y servicios son producidos y en qué medida sus decisiones individuales contribuyen a mejorar la calidad del ambiente y las condiciones de vida de los pequeños y medianos productores. Esperemos que sea un tendencia irreversible.
El autor es abogado.