La pandemia asestó un duro golpe a la educación, que se suma a la prolongada huelga del 2018. Cerca de un tercio de los alumnos fueron separados de la educación por carecer de conectividad y por el precario e improvisado sistema a distancia establecido por el Ministerio de Educación Pública (MEP).
No es posible ni deseable continuar educando en forma remota en las actuales condiciones, es preciso preparar el regreso a clases en el 2021.
Los centros educativos privados invirtieron y diseñaron protocolos con la finalidad de crear las condiciones para retomar la enseñanza presencial el próximo año, enhorabuena, pero los públicos no deben quedarse atrás.
Es preciso dejar la moralina en las normas y procedimientos burocráticos, poniendo la carreta delante de los bueyes. Es necesario anteponer el interés público, como lo manda la Constitución, y para eso hace falta un decreto de emergencia nacional que acelere el establecimiento de la red de banda ancha en todas las escuelas, poner el canal 13 al servicio de los programas del MEP, facilitar las compras de software para capacitar en educación a distancia y, sobre la marcha, a maestros y profesores que no estén suficientemente preparados para ello.
Preparar las condiciones para un regreso a clases presenciales requiere servicios de agua potable de forma permanente en los centros educativos, adecuado funcionamiento de los sanitarios o, de ser necesario, utilizar portátiles.
Lo anterior en un plazo de tres meses y medirse los resultados de oportunidad y calidad.
A la Fundación Omar Dengo deben dársele las faciliades para que acelere la instalación de la red de banda ancha que interconectará los centros educativos.
El servicio de agua potable estará a cargo de las instituciones responsables en cada localidad, supervisadas por las juntas de educación, que deberán recurrir a las autoridades de emergencia locales si falta interés.
La supervisión del establecimiento de letrinas y condiciones sanitarias estará también a cargo de las juntas de educación y de las autoridades locales de Salud y Emergencia.
Las instituciones públicas, nacionales y locales deben estar autorizadas para donar recursos y apoyar los planes que elaboren escuelas y colegios para cumplir esta tarea.
Para todos los efectos, los controles sobre el uso de recursos deberán hacerse primordialmente sobre los productos obtenidos. Se valorarán positivamente los gastos y compras de materiales en establecimientos que generen empleo y encadenamientos.
Los gobierno locales deben ser invitados. La emergencia es una buena oportunidad para hacer un ejercicio de descentralización que, una vez evaluado, pueda transformarse en un marco de relaciones institucionales descentralizado, ágil y renovado de la gestión pública.
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El autor es sociólogo.
