En medio del populismo punitivo al que algunos reducen la respuesta a la inseguridad, debemos atender las voces sensatas e integrales de especialistas en la materia, sobre todo cuando se refieren al eslabón más expuesto de la cadena delictiva: los jóvenes.
Hacia ellos, como sociedad, tenemos la mayor responsabilidad de prevención. Lo entienden y han expresado muy bien, en recientes entrevistas, el director del OIJ, Randall Zúñiga, y los tres jueces coordinadores del nuevo (y necesario) Tribunal Penal Especial sobre Delincuencia Organizada. Hablan desde el conocimiento especializado, la responsabilidad de sus cargos y una abundante experiencia de campo.
Los jóvenes que participan en los grupos criminales —afirma don Randall— “no tienen la socialización completa”, porque “tuvieron la covid-19 por medio, que generó una gran exclusión escolar”. Consecuencia: “Son fácilmente manipulables por un tercero”.
Los cabecillas de las bandas los reclutan y sustituyen sin problema, añaden los jueces, debido a que están en condiciones de vulnerabilidad social y económica, en pobreza extrema, inequidad, sin acceso a vivienda, salud y educación. Consecuencia: para los que padecen tales carencias, es más atractivo “por el sentido de pertenencia” estar en una organización delictiva que estudiar, dice el subcoordinador del Tribunal, Mauricio Jiménez.
Lo anterior no implica liberar de responsabilidades a quienes delinquen, sino reconocer las raíces de su conducta y entender que, mientras no se actúe para modificarlas con sensatez, visión estructural y estrategia integral, por cada vendedor o sicario capturado o muerto, cada vez aparecerán más sustitutos. Por desgracia, la marginalidad, la pobreza, el desempleo y otras carencias se ensañan mucho más con los jóvenes. A quien lo dude, le sugiero leer el reportaje “Costa Rica, un mal país para ser joven”, del periodista Josué Alfaro, publicado por El Financiero.
En su convocatoria a extraordinarias, el Ejecutivo incluyó un proyecto de ley para endurecer al máximo las penas a los jóvenes y hasta autorizar detenciones cuando representen “un peligro para la sociedad”. Es una ruta no solo ineficaz, sino también potencialmente violatoria de derechos y sin una estrategia integral que la acompañe; el reverso de lo que proponen los especialistas.
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El autor es periodista y analista.
