El primer balance mundial de los compromisos sobre biodiversidad confirma una brecha preocupante: los gobiernos avanzan más rápido en formular metas que en transformar las causas de la degradación ambiental.
En 2022, casi 200 países adoptaron el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal para detener y revertir la pérdida de naturaleza hacia 2030. Cuatro años después, el balance publicado por la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica advierte de que el ritmo de implementación es insuficiente.
Aunque el 83% de las partes había establecido metas nacionales alineadas con el acuerdo, menos de la mitad de los países que presentaron informes consideraron encaminadas sus metas nacionales vinculadas con cualquiera de las 23 metas mundiales. Ninguna muestra un panorama plenamente positivo. La capacidad de negociar acuerdos no se ha traducido todavía en resultados suficientes.
El problema trasciende los ministerios de Ambiente
Los mayores rezagos se concentran en las causas estructurales de la pérdida de biodiversidad. Hay avances en conservación y restauración, pero persisten dificultades para incorporar la naturaleza en las decisiones económicas, cambiar patrones insostenibles de producción y consumo y reformar incentivos perjudiciales.
Mientras unas instituciones financian la conservación, otras políticas pueden estimular actividades que degradan ecosistemas. La expansión productiva mal planificada, ciertas obras de infraestructura y los incentivos fiscales inadecuados pueden contrarrestar los avances ambientales.
Por ello, la biodiversidad también debe ser responsabilidad de Hacienda, Agricultura, Economía, Obras Públicas y Comercio. Sin integrar sus objetivos en la planificación económica, los compromisos seguirán enfrentando obstáculos estructurales.
El financiamiento revela las prioridades
El balance advierte de que probablemente no se cumplió la meta intermedia de movilizar US$20.000 millones anuales de financiamiento internacional para biodiversidad en 2025, aunque faltan datos para confirmarlo.
Sin embargo, el desafío va más allá de la cooperación. Los presupuestos nacionales son indispensables; la inversión privada y la cooperación deben complementarlos, no sustituir las obligaciones del Estado. También resulta contradictorio financiar restauración mientras se mantienen incentivos que favorecen la degradación.
La biodiversidad debe ocupar un lugar explícito en las decisiones fiscales y presupuestarias, no depender de los recursos sobrantes.
Costa Rica: más allá de la reputación verde
Costa Rica cuenta con avances reconocidos en áreas protegidas, recuperación forestal y pago por servicios ambientales. Pero su trayectoria no significa que todas las presiones sobre la biodiversidad estén controladas.
El país debe evaluar no solo la superficie protegida, sino también la salud de los ecosistemas, la conectividad ecológica, la calidad de los recursos hídricos, las amenazas a la biodiversidad marina y la efectividad de sus políticas. Debe examinar, además, si las instituciones cuentan con personal, presupuesto y capacidad de fiscalización suficientes.
El liderazgo ambiental exige resultados verificables, no únicamente indicadores de cobertura o reconocimiento internacional. Los logros históricos deben servir para acelerar las decisiones pendientes, no para postergarlas.
Sin información no hay rendición de cuentas
Ningún país presentó información sobre todos los indicadores de cabecera del Marco de Kunming-Montreal. Estos vacíos dificultan evaluar el cumplimiento de las metas y distinguir actividades ejecutadas de mejoras reales en la naturaleza.
Contar proyectos, presupuestos gastados o hectáreas intervenidas no demuestra, por sí solo, recuperación ecológica. Se necesitan sistemas permanentes de monitoreo, datos comparables, evaluaciones independientes y rendición de cuentas transparente.
El tiempo de las declaraciones se está agotando
El informe mundial reconoce que todavía existen oportunidades para alcanzar las metas de 2030, pero señala que será indispensable acelerar significativamente la implementación.
Eso exige fortalecer los presupuestos ambientales, mejorar la coordinación entre instituciones, eliminar progresivamente incentivos perjudiciales, involucrar de manera efectiva a los sectores productivos y establecer sistemas confiables de seguimiento.
Para Costa Rica, también significa convertir los compromisos internacionales en prioridades concretas de política pública, con responsabilidades institucionales, recursos y resultados verificables.
La conservación de la biodiversidad no puede depender de los ciclos electorales ni quedar subordinada a decisiones presupuestarias de corto plazo. El país necesita una política de Estado que reconozca que la naturaleza constituye una base esencial de su economía, su bienestar social y su capacidad para enfrentar el cambio climático.
En 2030, la pregunta no será cuántas metas aprobamos, sino cuántas logramos cumplir y cuánta biodiversidad conseguimos conservar y recuperar.
Lenin Corrales Chaves es analista ambiental y fue presidente del Consejo Científico de Cambio Climático de Costa Rica.