A pesar de las astronómicas inversiones en programas para ayudar a los pobres y a las decenas de instituciones y programas creados en los últimos 20 años, no hemos podido reducir la desigualdad. El 21,5 % de la población no puede satisfacer sus necesidades básicas de vivienda, alimentación, educación y servicios necesarios en la vida cotidiana.
La desigualdad viene en aumento, el desempleo informal no cede del 40 % y la falta de oportunidades aumenta ante la carencia de programas eficaces. Hemos desarrollado más de 20 programas y decenas de instituciones para batallar contra la pobreza en las últimas dos décadas y los resultados siguen siendo los mismos.
El programa Puente al Desarrollo, puesto en marcha por el IMAS en el gobierno anterior, es una excelente iniciativa que debe mantenerse porque brinda atención oportuna y focalizada en la pobreza. El programa se centra en el índice de pobreza dimensional desarrollado por las Naciones Unidas y la Universidad de Oxford.
Este año el presupuesto en gasto social supera los ¢4,43 billones; un 45 % del presupuesto nacional. Esfuerzo financiero significativo, que debería garantizar una sociedad más inclusiva, competitiva y rica en oportunidades para todos, pero no es así.
La falla. Este año el presupuesto para la educación es de ¢2,6 billones, ¢318.000 millones para la salud, ¢1,4 billones para la protección social y ¢86.000 millones para servicios recreativos y otros. Significa que Cosa Rica invertirá la suma de ¢903.000 por persona; el 12,8 % del PIB.
El presupuesto en desarrollo social se ha triplicado en lo últimos 10 años. Solo en enseñanza preescolar y primaria invertimos ¢800.000 millones, lo cual significa ¢1,6 millones por estudiante. A la educación secundaria se destinarán ¢575.000 millones. El costo por estudiante es de ¢1,5 millones. A la educación superior y terciaria se destinarán ¢541.000 millones, con un costo por estudiante superior a los ¢4,6 millones al año.
¿Qué significan todas esas cifras? Que chorros de dinero corren por las aulas, pero los resultados de la calidad y la pertinencia de nuestra educación en preescolar, primaria y secundaria son muy cuestionables, no solo por los resultados en las pruebas PISA, sino también por la alta repetición y deserción de los estudiantes jóvenes.
Es preocupante que todavía no tengamos una alternativa para quienes no quieren seguir carreras tecnológicas. También es inquietante que 10 años después de estar discutiendo la educación dual, no hayamos creado un marco jurídico para ponerla en práctica. Es en la enseñanza donde comienza la gran brecha social.
El gasto de protección social, que incluye pensiones con cargo al presupuesto nacional, Fodesaf, PANI e IMAS, es de ¢1,4 billones y en asistencia social este año invertiremos ¢314.000 millones.
Aparte de estos programas, debemos agregar la seguridad social que nos ofrece la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuya inversión en pensionas y seguro médico será ¢1,4 billones.
Fodesaf. El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) financia 29 programas que atienden necesidades en salud, comedores escolares, becas, cuidado de niños y deporte, entre otros. El Fodesaf es un programa que tiene un presupuesto de ¢500.000 millones, procedentes del 5 % de los salarios de los trabajadores y una partida del impuesto de ventas. El Fodesaf financia al PANI, a Fonabe, al Inamu, los CEN-Cináis, el IMAS, las pensiones del régimen no contributivo, el Banhvi, la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), el Icoder y otros 15 programas e instituciones.
Como puede apreciarse, son decenas de entes públicos con juntas directivas distintas, costos operativos altos y con objetivos distintos. Ninguno de ellos coordina con el otro, son pequeñas islas que se gobiernan prácticamente solas.
Resultados. La pobreza creció un 1,1 % este año con respecto al anterior. La lucha por una mejor Costa Rica la estamos perdiendo en la maraña institucional que nos aqueja. No estamos avanzando y nadie se cuestiona fusionar o cerrar instituciones que no dan resultados. Ante esta situación, más que nunca debemos racionalizar el gasto público y exigir resultados. La situación se vuelve más compleja ante la desaceleración de la economía. El desempleo es un problema crónico y cada día perdemos competitividad por falta de recursos humanos capacitados e infraestructura adecuada, así como por burocracia y, sobre todo, por falta de visión hacia el futuro.
Entre el 2000 y el 2015, la inversión extranjera fue un 5,5 % del PIB, pero la carencia de mano de obra bilingüe y poseedora de conocimientos tecnológicos se está convirtiendo en un serio problema para los sectores de mayor crecimiento.
Debemos evaluar nuestro modelo de desarrollo. El problema de empleo se genera en el primer quintil porque la tasa de desempleo es del 22 %. La desigualdad va creciendo al pasar de un 43,9 % al 52,1 % en el coeficiente de Gini en los últimos 10 años. Esto nos indica que la generación de empleo no es solo educación, sino producto de la desigualdad.
Todo lo contrario sucede en la población del quinto quintil porque la matrícula en la enseñanza superior es de un 70 % en contraste con el 20 % de los estudiantes del primer quintil y, en este estrato, el desempleo no llega al 5 %.
No parece lógico que tengamos un 29 % en gastos administrativos en el sector educativo y programas sociales. Algo estamos haciendo mal cuando solo el 35 % de los trabajadores de más de 25 años tienen educación secundaria completa. En la era tecnológica y de la innovación, las universidades públicas y privadas se han concentrado en graduar profesionales en educación, ciencias sociales, artes y filosofía, y las ingenierías solo llegan al 8 % y las ciencias de la salud y recursos naturales al 21 %.
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Brechas sociales ampliándose, programas sociales costosos, falta de metas claras, recursos mal invertidos, poca oferta de mano de obra calificada, carencia de oportunidades, desempleo creciente, falta de infraestructura y un sector educativo que no se compromete con la calidad y la productividad, nos tiene atrapados y sin una salida clara. Es tiempo de evaluar adónde queremos llegar en el futuro.
La Costa Rica del bicentenario está en crisis de valores y de norte. Esta no es la patria que forjaron nuestros antepasados. Es hora de hacer una reingeniería a todos los programas e instituciones. Hoy se exige transparencia en el manejo de los recursos públicos para lograr mayor equidad y prosperidad.
El autor es ingeniero.