Hacía tiempo que no me había abatido tanto una información como la publicada ayer en La Nación sobre las demoledoras consecuencias educativas de la pandemia. Y eso que las noticias perturbadoras abundan.
En este caso, la investigación realizada por uno de sus departamentos, base de la publicación, van más allá de revelar el disfuncional manejo del MEP durante esos dos años de virtual aislamiento. Si solo de esto se tratara, podríamos suponer que el golpe, aunque catastrófico, fue temporal y sería cuestión de tiempo para superarlo. Pero la realidad expuesta es otra: además del apagón, como ha calificado la suma de huelgas y pandemia el Estado de la Educación, sufrimos una falla sistémica, generada por falencias acumuladas por años, y ante una situación límite generó el colapso. Como si esto fuera poco, hasta ahora ni siquiera existen señales de un plan remedial; menos, de una reforma integral.
Si el sistema educativo mantiene aún relativa funcionalidad, es porque existen enclaves de calidad, incluso excelencia —en secundaria, por ejemplo, los colegios científicos, humanistas y técnico-profesionales—; porque tenemos decenas de miles de docentes y funcionarios responsables, competentes y motivados; porque el valor de la educación es ancla de nuestra identidad; porque muchas familias realizan ingentes sacrificios para que sus hijos la tengan; y porque muchas comunidades se vuelcan a apoyarlas.