Las reacciones de los mercados bursátiles y del Tesoro fueron tan negativas que Trump no tardó en pestañear, anunciando una pausa de 90 días en la mayoría de los nuevos gravámenes a la importación un día después de su entrada en vigor. Pero su administración ha mantenido un tipo general del 10% y ha aumentado el impuesto sobre las importaciones procedentes de China hasta el 145%. Aunque los mercados han repuntado algo, podrían volver a asustarse con facilidad. La incertidumbre y la volatilidad siguen siendo muy elevadas, porque nadie sabe qué esperar a continuación.
Sin embargo, existen analogías con la situación de Estados Unidos. La Gran Bretaña posterior al brexit muestra adónde puede conducir ese nacionalismo fiscal y económico, y las lecciones son aleccionadoras. En 2016, una estrecha mayoría de votantes británicos abrazó el nacionalismo económico y decidió abandonar la Unión Europea.
Como consecuencia, el comercio del Reino Unido con sus aliados y socios más cercanos se ha vuelto más costoso, más complejo y menos rentable. El crecimiento económico se ha ralentizado, los salarios están estancados y los ingresos públicos han disminuido. Aunque los sucesivos primeros ministros –desde Boris Johnson hasta Liz Truss y Rishi Sunak– prometieron una utopía económica, la realidad ha sido una dura elección tras otra. La “Gran Bretaña global” de los brexiters es una Gran Bretaña más pequeña, más débil y más pobre.
La administración Trump está cometiendo errores similares. Recortar el gasto en investigación científica básica, sanidad, tecnologías climáticas y educación –y todo por consejo del hombre más rico del mundo antes de que salieron a flote las fricciones entre ambos– solo puede acabar en lágrimas. Las reducciones indiscriminadas de personal en el Servicio de Impuestos Internos ya pueden costarle a Estados Unidos $500.000 millones en ingresos fiscales no percibidos en 2025. Eso multiplica el supuesto ahorro producido por el Departamento de Eficiencia Gubernamental de su hasta hace poco director, Elon Musk.
Del mismo modo, lanzar una guerra comercial contra Canadá, México, China, la Unión Europea y gran parte del resto del mundo encarecerá los bienes de consumo y los insumos de los fabricantes estadounidenses, lo que disparará la inflación e impedirá el crecimiento. Los índices de incertidumbre económica están en niveles récord, porque las empresas no saben a quién castigará Trump después y son incapaces de planificar.
Es ilusorio pensar que esta Casa Blanca ideará una política comercial y arancelaria viable (y mucho menos sensata) durante la pausa de 90 días de Trump. Los líderes empresariales y del Congreso deben reconocer que no hay estrategia ni plan B.
El Reino Unido intentó entablar conversaciones, pero fue rechazado, y otros países también están recibiendo la espalda fría. Las acciones de la administración Trump no se corresponden con sus garantías públicas. De hecho, ni siquiera cuenta con el personal necesario para llevar a cabo decenas de negociaciones detalladas simultáneamente; demasiados de esos empleados esenciales han sido despedidos o se han visto obligados a jubilarse. En el punto álgido de las negociaciones comerciales mundiales hace 20 años, Estados Unidos negociaba con cinco o seis contrapartes como máximo (además de la Organización Mundial del Comercio).
¿Dónde deja esto a Estados Unidos y al mundo? No hay ninguna posibilidad de frenar el desorden y la destrucción a menos que el Congreso estadounidense, controlado por los republicanos, reclame su autoridad constitucional sobre la política comercial. Los presidentes anteriores tuvieron que obtener la aprobación del Congreso para negociar acuerdos comerciales por la vía rápida, un proceso que no siempre fue fácil, pero que funcionó.
EE. UU. necesita urgentemente volver a este enfoque. El primer paso es aprobar leyes que reafirmen el control del Congreso sobre los aranceles. Algunos senadores todavía tienen agallas. El senador demócrata Ron Wyden, de Oregon, y el senador republicano Rand Paul, de Kentucky, presentaron una resolución para poner fin a la “emergencia comercial” de Trump.
Sin embargo, con solo tres republicanos uniéndose a los demócratas para apoyar la medida, la resolución fracasó en una votación de 49-49. Más legisladores del GOP deben cambiar de posición en política comercial para recuperar el control.
Con pocos o ningún acuerdo sobre la mesa y sin plan B, el Congreso –bajo la creciente presión de votantes, empresas y donantes– se verá obligado a actuar a medida que la pausa de 90 días de Trump se acerque a su fin, plazo que está cerca de cumplirse. De lo contrario, los aumentos masivos de impuestos (eso es lo que son los aranceles) sobre las empresas y los hogares estadounidenses, el aumento de los precios y una recesión son inevitables.
Aunque el Congreso actúe a tiempo, se avecina un nuevo periodo de incertidumbre geopolítica y económica.
La guerra comercial con China probablemente continuará, y las alianzas de Estados Unidos están muy tensas, algunas de ellas permanentemente dañadas. La pax americana ha terminado.
Trump ha dado paso a una era más volátil, impredecible y peligrosa que cualquier otra que el mundo haya conocido desde la Segunda Guerra Mundial.
William Rhodes es exconsejero delegado de Citibank, presidente y consejero delegado de William R. Rhodes Global Advisors.
Stuart P.M. Mackintosh es director ejecutivo del Grupo de los Treinta.
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