El primer paso para discutir el presupuesto social con rigor es reconocer la falacia del argumento “menos niños, menos recursos; más adultos mayores, más recursos”. La estructura por edades cambia, pero ese dato no demuestra que sobren recursos para la niñez ni determina cuánto necesita cada grupo. Convertir una tendencia demográfica en una conclusión presupuestaria automática omite precisamente lo que debemos discutir.
Costa Rica tiene que prepararse para una población más envejecida. Habrá presiones sobre las pensiones, la salud y los cuidados que debemos atender con financiamiento sostenible. Reconocerlas no convierte en excedente los recursos destinados a los niños. Antes de trasladarlos, corresponde establecer cuántos siguen sin recibir los servicios que necesitan, qué calidad tienen los que reciben y cuánto cuesta corregir esas carencias.
Ese argumento simplista –“menos niños, menos recursos”– supone que los recursos actuales ya alcanzan para ofrecer cobertura suficiente, calidad adecuada y acceso efectivo en todo el territorio. También supone que los costos bajan al mismo ritmo que la población y que no hay servicios pendientes de ampliar. Pero una proyección poblacional no demuestra ninguna de esas condiciones. Describe cuántas personas habrá; no cuánto cuesta garantizarles oportunidades.
La ampliación del preescolar a los tres años es un ejemplo concreto. Aunque las proyecciones del INEC indican que la población infantil disminuirá, alcanzar una cobertura universal de los tres a los cinco años en 2030 supondría atender a unos 148.000 niños, frente a los cerca de 110.000 matriculados en esos niveles en 2026. Serían aproximadamente 38.000 estudiantes adicionales, un 35% más.
La población disminuiría, pero la atención tendría que ampliarse para incluir a quienes hoy están fuera. Eso exigiría docentes, servicios y, donde la capacidad disponible no alcance, inversión en infraestructura. Menos niños no significa automáticamente menos recursos cuando todavía hay una cobertura pendiente de alcanzar.
En CEN-Cinái tampoco conviene sumar prestaciones distintas como si fueran equivalentes. Recibir apoyo alimentario no es lo mismo que asistir diariamente a un servicio de atención infantil. Educación, cuidado, nutrición y promoción del desarrollo responden a necesidades relacionadas, pero diferentes. Para saber qué falta, se debe precisar qué servicio recibe cada niño, con qué frecuencia y en qué condiciones. Una cifra de beneficiarios, sin esas distinciones, puede ocultar carencias.
Los costos tampoco se ajustan de manera uniforme. Una escuela necesita condiciones mínimas de funcionamiento aunque baje su matrícula. Cerrar un servicio puede reducir el gasto institucional y aumentar las distancias, los tiempos de traslado y las barreras para las familias. En otros lugares, una reorganización bien diseñada podría liberar recursos sin comprometer la atención. La respuesta exige conocer el territorio, no aplicar una reducción general solo porque el número de niños disminuyó.
El gasto por niño tampoco resuelve la discusión. Puede aumentar incluso después de un recorte si la población disminuye más rápido. Ese cociente no dice si los recursos alcanzan, si llegan a quienes estaban excluidos o si el aprendizaje mejoró. Conservar partidas por inercia no garantiza resultados, pero reducirlas sin analizarlas tampoco constituye una política de eficiencia.
También queda pendiente la calidad. En su medición de 2020, el Índice de Capital Humano del Banco Mundial estimó que un niño nacido en Costa Rica alcanzaría apenas el 63% de la productividad que podría lograr con educación completa y salud plena.
La reducción de las cohortes infantiles ofrece una oportunidad para cerrar esas brechas: mejorar los aprendizajes, fortalecer la atención y dar a cada niño mejores condiciones para desarrollar su potencial. Tener menos niños debería llevarnos a preguntarnos cómo atenderlos mejor, antes de concluir que podemos invertir menos.
Las personas mayores también tienen derechos pendientes. El 27% de la población de 65 años o más no recibe pensión, ni contributiva ni no contributiva. Más de una cuarta parte carece de esa protección. Además, recibir una pensión no garantiza que su monto alcance. Cobertura y suficiencia requieren respuestas propias.
Enfrentar a estas poblaciones como si proteger a una exigiera desatender a la otra empobrece el debate. Las restricciones fiscales son reales y algunas reasignaciones pueden estar justificadas. Lo falaz es presentarlas como una consecuencia inevitable del cambio demográfico, sin evaluar primero las necesidades pendientes, los ahorros posibles y las alternativas de financiamiento.
Ese análisis debería sustentar las mociones legislativas que proponen reasignar recursos, pero suele quedar relegado cuando la frase “menos niños, menos recursos” se utiliza como explicación suficiente. Una reasignación debe justificarse con evidencia; no puede darse por resuelta con una simple comparación de edades.
Pedir recursos adicionales también obliga a explicar de dónde provendrán, quién asumirá el costo y con qué certeza estarán disponibles. Mejorar el cumplimiento tributario, revisar tratamientos fiscales, redefinir prioridades y corregir problemas de gestión son opciones que deben evaluarse.
Pero el país no solo necesita proyecciones de ingresos, gastos y deuda, como las que nos ofrece el marco fiscal de Hacienda. Necesita un marco fiscal y social de mediano plazo que, junto con esas cuentas, establezca qué brechas en educación, salud, cuidados y pensiones se propone cerrar, cuánto costaría hacerlo y cómo se financiaría.
Si proyectamos las finanzas públicas a cinco años, deberíamos proyectar con igual rigor las metas sociales y los recursos necesarios para alcanzarlas. La sostenibilidad fiscal y el desarrollo social deben formar parte de una misma planificación.
La ruta responsable comienza por identificar necesidades no cubiertas, costear la atención, localizar capacidad reutilizable y establecer qué ahorros pueden obtenerse sin comprometer el acceso. Después, corresponde decidir las prioridades, los plazos y el financiamiento.
El presupuesto necesario es el resultado de ese análisis. Tener menos niños no obliga a invertir siempre más, pero tampoco autoriza a gastar menos sin demostrar que podemos atenderlos mejor.
Los actores involucrados en estas decisiones deberían reconocer primero esa falacia para poder discutir después las decisiones reales.
Si hay menos niños, tenemos una oportunidad de llegar a quienes nunca hemos alcanzado y mejorar lo que ofrecemos. Si hay más personas mayores, debemos construir una protección sostenible. El cambio demográfico debe ayudarnos a planificar ambas responsabilidades, sin convertir a la niñez en la fuente automática de financiamiento del envejecimiento.
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Andrés Fernández Arauz es economista.