Empiezo con una confesión: considero que el libre comercio global, con buenas reglas y adecuados balances, es motor de desarrollo. Por esto, por lo que representan los 11 países que lo integran, y por la necesidad de diversificar relaciones comerciales, apuesto a que el balance de nuestra incorporación al Acuerdo Transpacífico será positivo.
Sin embargo, tengo en suspenso mi juicio final. Aporto dos razones. La primera: no conocemos los detalles del convenio, en los que por lo general se esconde el diablo. La segunda: para que el sector agropecuario orientado al mercado local pueda absorber su impacto, no solo se requiere un acuerdo razonable, sino políticas internas que refuercen su capacidad de hacerle frente.
Las negociaciones para lograr el acceso al CPTPP (sus siglas en inglés) se extendieron durante casi toda la anterior administración. Era tiempo suficiente para identificar posibles perdedores (que siempre los hay) y emprender programas de fortalecimiento, reconversión, diversificación y competitividad a su favor. Sin embargo, brillaron por su ausencia. A la vez, su capacidad para competir con otros países ha sufrido por el impacto del tipo de cambio.
Como las políticas productivas y financieras no son responsabilidad del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), sino de otras instancias, le correspondía a la cúpula del Ejecutivo activarlas. No ocurrió así. Ahora, enfrentada al posible costo político que podría implicar la firma y ratificación del CPTPP, la presidenta Laura Fernández puso en suspenso su apoyo y ha generado enorme confusión. Además, sin aportar evidencias, acusó a Comex por “opacidad”, lo que su jerarca niega.
El problema ha sido sustantivo y operativo. Sustantivo, por las falencias de gobernanza y apoyo al agro, que vienen de la administración donde Fernández participó en dos carteras. Operativo, por falta de “continuidad” (lema de campaña) durante la culminación de nuestra adhesión al acuerdo
Ahora enfrentamos un doble desafío. La amenaza para una serie de productores agropecuarios, que pudo atemperarse, se ha agudizado y pasa factura al Ejecutivo. La política comercial, que requiere seriedad y constancia, ha sufrido y puede debilitar nuestra credibilidad negociadora. Todo esto pudo evitarse, pero las prioridades gubernamentales andan por otro lado.
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Eduardo Ulibarri es periodista y analista.