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Hay cifras que no admiten lecturas complacientes. Por cada dólar que el mundo invierte en proteger la naturaleza, destina treinta dólares a actividades que la degradan. Este desequilibrio de 30 a 1 no es una abstracción académica ni una consigna ambientalista: es una radiografía precisa de cómo están operando hoy los mercados, las políticas fiscales y las decisiones de inversión a escala global. Y, sobre todo, es una señal de alerta para gobiernos, empresas y sistemas financieros.
El más reciente informe State of Finance for Nature 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente documenta con claridad esta paradoja. Mientras la comunidad internacional reconoce la magnitud de la crisis climática, la pérdida acelerada de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas, los flujos financieros continúan apuntalando actividades que profundizan exactamente esas mismas crisis.
Las cifras son elocuentes. En 2023, alrededor de 7,3 billones de dólares se destinaron a actividades con impactos negativos directos sobre la naturaleza. De ese total, 4,9 billones provinieron del sector privado, concentrados en sectores altamente intensivos en recursos naturales y emisiones (energía, industrias extractivas, materiales básicos y servicios públicos). A ello se suman 2,4 billones de dólares en subsidios públicos ambientalmente perjudiciales, principalmente asociados a combustibles fósiles, agricultura, agua, transporte y construcción.
En contraste, la inversión global en “Soluciones basadas en la Naturaleza” alcanzó apenas 220.000 millones de dólares. Cerca del 90% de ese monto provino de fuentes públicas. La inversión privada fue marginal: apenas 23.400 millones de dólares, alrededor del 10% del total.
Este dato expone una brecha estructural: pese al creciente discurso empresarial sobre sostenibilidad, biodiversidad y gestión de riesgos climáticos, el sector privado sigue sin invertir a la escala requerida en la recuperación del capital natural del que depende su propia viabilidad.
Este patrón de asignación de recursos no solo es ambientalmente insostenible; es, además, económicamente irracional. Persistir en financiar la degradación de la naturaleza incrementa la exposición a riesgos físicos, regulatorios y financieros: interrupciones en cadenas de suministro, pérdida de productividad agrícola, estrés hídrico, conflictos territoriales, encarecimiento de seguros y activos varados. En términos simples, se están erosionando los fundamentos biofísicos sobre los cuales se construye la economía.
El informe del PNUMA es inequívoco en una idea central: reformar y redirigir los flujos de capital es la herramienta más poderosa para cambiar la trayectoria actual. No se trata únicamente de invertir más en naturaleza, sino de dejar de financiar su destrucción. La transición hacia una economía positiva para la naturaleza exige dos movimientos simultáneos: eliminar progresivamente subsidios y financiamientos dañinos, y escalar de forma acelerada las inversiones en “Soluciones basadas en la Naturaleza” y en actividades productivas compatibles con la regeneración de los ecosistemas.
Costa Rica no es ajena a esta tendencia global. De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, el gasto tributario ambiental negativo supera ampliamente al gasto tributario ambiental positivo. En 2023, por cada colón del PIB destinado a incentivos fiscales con efectos ambientales favorables, se asignaron aproximadamente 5,6 colones a instrumentos tributarios que incentivan actividades con impactos ambientales adversos.
Aunque esta brecha es menor que el promedio global, la señal que emiten la política pública y el mercado sigue siendo contradictoria con los objetivos nacionales de sostenibilidad, descarbonización y protección de la biodiversidad. El esfuerzo fiscal continúa sesgado hacia actividades que generan degradación ambiental.
Costa Rica suele presentarse como un referente de compromiso ambiental. Su sistema de áreas protegidas, su matriz eléctrica mayoritariamente renovable y su liderazgo discursivo en foros internacionales le han otorgado reconocimiento global. Sin embargo, un examen detallado de la política fiscal revela tensiones profundas entre ese posicionamiento y las decisiones económicas que se toman en la práctica.
Entre 2020 y 2023, el gasto tributario ambiental como porcentaje del PIB muestra una estructura claramente desequilibrada. El gasto tributario ambiental negativo (asociado a exoneraciones e incentivos que favorecen actividades con externalidades ambientales adversas) representa la mayor proporción durante todo el periodo y, lejos de reducirse, aumenta de 0,24% del PIB en 2020 a 0,28% en 2023.
En la práctica, el Estado continúa dejando de recaudar recursos públicos para favorecer actividades que presionan los ecosistemas, incrementan emisiones o aceleran la degradación de suelos y cuerpos de agua. La política fiscal, de manera indirecta, sigue subsidiando la degradación ambiental.
El balance es incómodo, pero ineludible: incluso en Costa Rica, la política fiscal envía señales más fuertes a favor de la degradación que de la conservación, lo que evidencia una brecha persistente entre los compromisos ambientales del país y las decisiones fiscales que realmente orientan su modelo de desarrollo.
Frente a este escenario, resulta indispensable que los países –incluido el nuestro– construyan una estrategia clara que ordene la secuencia de reformas necesarias tanto en el sector público como en el privado. Esto implica desmantelar gradualmente modelos productivos anclados en la sobreexplotación de la naturaleza, al tiempo que se crean incentivos creíbles y estables para nuevas inversiones alineadas con la resiliencia, la restauración y la creación de valor de largo plazo.
Las inversiones positivas para la naturaleza deben, además, estar ancladas en contextos locales, respetando las condiciones ecológicas, culturales y sociales de los territorios. Sin gobernanza local, inclusión social y equidad, las “Soluciones basadas en la Naturaleza” pierden efectividad y legitimidad. La naturaleza no se restaura desde balances financieros aislados, sino desde territorios vivos y comunidades involucradas.
La política fiscal no puede seguir siendo neutral frente a esta realidad. No se trata de frenar el desarrollo ni de imponer cargas irracionales, sino de alinear las reglas del juego económico con la realidad biofísica del planeta y con los intereses de largo plazo de la sociedad. La pregunta ya no es si podemos permitirnos hacer este cambio, sino cuánto más nos costará seguir postergándolo.
Lenin Corrales Chaves es analista ambiental y fue presidente del Consejo Científico de Cambio Climático de Costa Rica.
