La asignación de presupuesto a la educación debe fundamentarse en criterios imparciales que contribuyan a distribuir los recursos necesarios para cubrir los costos de la enseñanza.
Esta asignación debe reconocer que el costo varía según la población atendida, la modalidad de estudios y la cantidad de estudiantes. Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha demostrado que existe una relación directa entre el costo por alumno y la progresión de los ciclos educativos.
Así, la inversión para atender a un estudiante de primaria tiende a ser ligeramente más baja que la de uno que cursa la educación secundaria, y esta última, inferior a la de quienes reciben educación técnica.
En su último informe Education at a Glance 2023, la OCDE publicó que el costo medio de un estudiante en la educación secundaria académica en Costa Rica es de $5.000 anuales y para quienes asisten a educación técnica alcanza los $5.700.
En el caso de los estudiantes que consiguen ingresar a una universidad pública, la inversión por alumno es cercana a los $12.600 anuales. Aunque esta relación se mantiene en la mayoría de los países de la OCDE, surge la pregunta de si invertimos lo necesario en cada estudiante, independientemente de su nivel educativo.
La respuesta a esta interrogante revela brechas que se han ampliado en los últimos años. En primaria, secundaria académica y técnica, Costa Rica invierte menos de la mitad de lo que destinan en promedio los países de la OCDE. Nos ubicamos entre los tres últimos lugares en cuanto a la inversión por alumno.
Sin embargo, en educación universitaria, la diferencia se reduce, pues los $12.600 invertidos por estudiante no se distancian mucho de los $14.800 que en promedio destinan los países de la organización. Superamos a 14 países en gasto por alumno.
En el 2017, la OCDE recomendó reorientar recursos de la educación terciaria hacia la preescolar o los últimos años de secundaria, cuando las coberturas educativas son muy bajas y se alejan de los estándares de los países más desarrollados.
No obstante, la recomendación no ha sido discutida, pero podría añadirse a la agenda de la negociación del FEES entre los rectores y el Poder Ejecutivo.
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El autor es economista.
