El éxito de Costa Rica en la atracción de inversión extranjera directa (IED) es incuestionable. El 2023 cerró como el mejor año en términos de flujos (cerca de $4.000 millones), nuevos proyectos (59) y reinversiones (100).
Los impactos y beneficios de la IED han sido analizados en abundancia: buenos empleos, mejores prácticas, transferencia de tecnología, exportaciones y encadenamientos. Es fascinante ver cómo el país se ha convertido en el anfitrión de diferentes clústeres empresariales de clase mundial, como semiconductores, dispositivos médicos y servicios de tecnologías de información y comunicación.
La posición geográfica privilegiada, estabilidad política, la fuerza laboral, el imperio de la ley y el régimen de zonas francas son pilares que han contribuido al éxito del país como destino de inversión. Estos elementos proporcionan un entorno propicio para el desarrollo empresarial y la innovación, y atraen empresas que buscan establecer operaciones en una ubicación estratégica y con un marco regulatorio sólido.
Los conceptos de nearshoring y friendshoring, que implican la deslocalización de empresas basada en la proximidad geográfica y política con Estados Unidos, ha impulsado aún más el atractivo de Costa Rica como destino de inversión.
La participación en la Ley CHIPS (sigla en inglés de Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors) y el anuncio de Intel de aumentar su inversión multimillonaria para la fabricación de circuitos integrados ejemplifican estos conceptos y ratifican nuestra sólida propuesta de valor.
Nuestra tarea es aprovechar estas fortalezas y reforzar el clima de negocios proporcionando los bienes públicos necesarios, entre otros, capital humano, infraestructura de transporte, seguridad, agua y energía a precios competitivos.
La gran pregunta es cómo trasladar las fortalezas y oportunidades hacia otras actividades, sobre todo aquellas que operan en las zonas más deprimidas. Y aquí la agricultura emerge como un sector fundamental.
Inversiones hacia la agricultura
Gracias a su posición geográfica privilegiada, capacidad de producir todo el año, rica biodiversidad, amplia variedad de ecosistemas y arraigada vocación sostenible, la agricultura costarricense está excepcionalmente equipada para enfrentar y capitalizar los grandes retos globales y las oportunidades relacionadas con el cambio climático, el crecimiento demográfico y la seguridad alimentaria.
La experiencia en actividades de agroexportación durante más de un siglo y medio, la presencia de centros académicos e instituciones de investigación de primer nivel, como la Earth, el Catie y el IICA, junto con el talento y la experiencia de agricultores y empresarios, fortalecen aún más su capacidad para desarrollar soluciones innovadoras y sostenibles para el mundo.
En un artículo reciente, afirmé que Costa Rica debería establecer la ruta de la agricultura, que consta de tres elementos esenciales: posicionamiento estratégico, liderazgo efectivo y acciones positivas y diferenciadas. Así que para atraer inversiones hacia la agricultura se requieren estrategias y acciones especiales.
Algunas ya las prevé la Ley 10234 para la promoción de las inversiones fuera de la GAM. En ella se incluyen exoneraciones para actividades agropecuarias, tales como investigación y desarrollo (I+D), la producción de energía eléctrica para autoconsumo en las zonas francas y la posibilidad de que el Inder dote de tierras a los proyectos bajo esquemas de coinversión con organizaciones de productores.
A partir de políticas de fomento claras, Costa Rica tiene el potencial de convertirse en anfitriona de un clúster de innovación en agricultura tropical, formado por multinacionales, empresas locales, organizaciones de productores y universidades locales e internacionales.
Tierras y fondos del SBD
Para ello se requiere un grupo de incentivos. Además de las exoneraciones propias del régimen de zonas francas, el Estado podría aportar tierras por medio del Inder y recursos financieros especiales a través del Sistema de Banca para el Desarrollo.
Habrá fondos para responder a necesidades particulares y en condiciones específicas (capital semilla, capital de riesgo, fondos de contrapartida, garantías y avales). Las universidades públicas tendrán incentivos para invertir en tales proyectos y concursar por fondos, utilizando la flexibilidad que brinda su autonomía.
Incluso proponerse que una proporción del FEES se dedique exclusivamente a proyectos de I+D y transferencia de tecnología con participación del sector privado en zonas rurales. De hecho, las universidades y el INA podrían convertirse en entidades de extensión vinculadas a los proyectos de inversión.
El sistema educativo modificaría el pénsum de sus instituciones para que se acople a las necesidades de los proyectos. Esto incluye el INA, los colegios técnicos y agropecuarios, y por supuesto, las universidades. El Procomer, a través del Programa Descubre y su Dirección de Inteligencia Comercial, brindaría orientación estratégica y definiría las actividades donde se priorizaría la búsqueda de inversionistas.
De acuerdo con las tendencias observadas y sus factores competitivos, Costa Rica tiene ventaja en maricultura, productos tropicales, genética (productividad y resistencia), bioeconomía (materiales y energía), farmacéutica, alimentos funcionales, proteínas sostenibles (algas, insectos), productos especializados (café, cacao, frutas) y ganadería baja en carbono, entre otras.
La interacción con los clústeres de semiconductores, dispositivos médicos y servicios de tecnologías de la información y la comunicación ofrece oportunidades para el establecimiento de empresas de servicios para la agricultura, entre ellos tecnologías de precisión (sensores, imágenes e internet de las cosas), análisis de datos, automatización, robotización, gestión empresarial, mercados, finanzas, modelos climáticos, gestión del agua y los suelos, salud animal y protección fitosanitaria.
Este enfoque integrado fomentaría la colaboración interdisciplinaria y la transferencia de conocimiento entre las actividades que queremos traer y las que están aquí. Además, estimularía sinergias y ecosistemas innovadores, impulsores del desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas para mejorar la productividad, la sostenibilidad y la resiliencia agrícola en Costa Rica y el mundo.
La priorización de la agricultura surge como un paso imperativo, capitalizando la experiencia y recursos del país para convertirlo en un líder en soluciones sostenibles a escala mundial.
Al alinear inversiones hacia el desarrollo de tecnologías para el trópico, Costa Rica fortalecería no solo su economía local y crearía empleos en áreas rurales, sino también contribuiría significativamente a afrontar desafíos globales como el cambio climático y la seguridad alimentaria.
Víctor Umaña es economista agrícola. Realizó sus estudios de posgrado en Economía Política Internacional en la Universidad de Berna y el ETH de Zúrich, Suiza. Es consultor internacional en comercio internacional, competitividad y desarrollo sostenible.
