La Asamblea Legislativa tomó esta semana relevantes decisiones sobre seguridad. En días recientes también lo hizo, con la aprobación de necesarios proyectos. Sin embargo, lo más importante ahora es que sus acuerdos perfilan un abordaje estratégico, con pilares y prioridades claras, en la generación de leyes para afrontar la crisis.
El lunes, su presidente, Rodrigo Arias, logró reunir al de la Corte, el fiscal general, el subdirector del OIJ, los ministros de Seguridad y Justicia, la presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y las jefaturas de fracción. El encuentro condujo a una lista de 31 proyectos en la materia, agrupados en tres ejes: lucha contra el dinero del delito y el narcotráfico, normas penales y normas procesales. El miércoles, pese a resistencias de la bancada oficialista durante el proceso, la comisión de Hacendarios dictaminó por unanimidad el presupuesto nacional para el próximo año, con mayores recursos para el Poder Judicial (incluido el OIJ) y los Ministerios de Seguridad Pública y Justicia.
La presencia de sus jerarcas en la reunión y la prudencia del presidente Rodrigo Chaves tras ella son buenas señales, pero muy insuficientes, por dos razones: la primera es que entre el 1.° de noviembre y el 31 de enero se abre un nuevo período de sesiones extraordinarias, con el Ejecutivo en control de la agenda. El avance de los proyectos dependerá, en buena medida, de cuáles convoque y cómo se negocien.