Si los estilos de vida saludables no ganan terreno, se prevé que en cuatro décadas el 94% de los costarricenses sufrirán sobrepeso y obesidad
Alberto Morales Bejarano
En el 2017, la CCSS invirtió ¢123.000 millones solo en atención de enfermedades cardiovasculares. (Shutterstock)
La Asociación Costa Rica Saludable celebró dos simposios en noviembre dedicados al sobrepeso, la obesidad y la necesidad de tomar medidas paliativas, pero sobre todo preventivas. El problema es de tal magnitud que causa 300.000 decesos cada año, comparado con 166.000 muertos por asesinatos, según datos de la oficina regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
El “Estudio latinoamericano de nutrición y salud”, llevado a cabo por profesionales en nutrición de la Universidad de Costa Rica, mostró que el 32,6% de los costarricenses estudiados sufría sobrepeso y el 30,6%, obesidad (un 63,2% si se suman ambos porcentajes). El trabajo fue publicado en la revista “BMC Public Health” de enero del 2016.
La situación en Costa Rica se resume como sigue: de los 6 a los 19 años, el porcentaje de sobrepeso y obesidad es del 35%, sube a un 54% en personas de entre 20 y 34 años, a un 78,5% en quienes tienen de 35 a 49 años y a un 82,3% en personas entre los 50 y los 65 años. De acuerdo con esta tendencia, se prevé que en el año 2060 el problema lo sufrirá el 94% de los costarricenses.
Sobrepeso y obesidad se relacionan con una patología diversa y compleja: diabetes tipo 2 (los niños con obesidad tienen cuatro veces más posibilidades de padecerla a los 25 años), hipertensión arterial, depresión, apnea del sueño, elevación de la presión pulmonar, demencia, reflujo gastrointestinal, elevación del colesterol y los triglicéridos y cáncer de esófago, estómago, colon, páncreas, mamas, ovario o riñón, así como meningioma, esteatosis y cirrosis hepática, entre otras.
Los hábitos alimentarios caracterizados por dietas densas en energía, particularmente comidas procesadas que contienen elevadas cantidades de azúcar refinada y grasas saturadas y el bajo consumo de fibra y micronutrientes son considerados los principales factores de riesgo de obesidad.
Por otro lado, la inactividad física está también asociada con la obesidad, pero la mayor evidencia se relaciona con el tipo de alimentación. Todo lo anterior es prevenible en la infancia y adolescencia si regulamos el mercado de productos dañinos y promovemos los estilos de vida saludables.
Etiquetado
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Como medida mínima inicial es necesaria la regulación de las compañías dedicadas a la producción de snacks y a la comercialización decomidas rápidas (hamburguesas, papas fritas, pollo frito, pizzas, tortillas con carnes y aderezos diversos, entre otros) y bebidas azucaradas y carbonatadas.
La regulación, para que tenga éxito, debe ser similar a la del tabaco, que obligue al etiquetado vistoso, donde se detalle el total de calorías que contiene el alimento, la aportación de grasas y sal y los riesgos para la salud al consumir este tipo de comidas.
También, debe prohibirse el uso de personajes animados o promociones que estimulen el consumo en niños y adolescentes. Recientemente, un estudio de la Universidad Nacional, la Red Antitabaco y una universidad de Chile demostró que el aumento en los impuestos a los cigarrillos disminuiría el número de fumadores, los ingresos por tributos aumentarían y se registraría un significativo impacto en las posibilidades de mejorar la salud presente y futura de la población.
Debería legislarse para regular la venta de comida chatarra y bebidas con alto contenido de calorías. Experiencias internacionales muestran que si estas últimas son gravadas con porcentajes que van del 18 al 20% la ingestión se desincentivaría enormemente.
Las empresas deberían contar con un sistema de etiquetado con distintivos o sellos de color de un tamaño visible, donde se indique el alto contenido calórico o de grasas saturadas, azúcares o sales.
Información para el consumidor
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La Sala Constitucional, en los votos 1691-2007 y 17747-2006, claramente concluye que es obligación de “quien produzca, importe, distribuya y comercialice bienes o preste servicios” suministrar a los consumidores, en forma cierta y objetiva, información clara, veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de estos, así como de los riesgos para la salud.
La falta de información “por una inadecuada publicidad que induce al engaño y la falsedad incidiría de forma perjudicial en la voluntad del consumidor al momento de elegir un determinado producto o servicio”, dicen también los fallos.
En el 2017, según datos de la Dirección Actuarial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la institución invirtió ¢123.000 millones solo en atención de enfermedades cardiovasculares, sin contabilizar los gastos adicionales que pagan los pacientes y sus familias en el cuidado del enfermo crónico y lo que desencadena.
Dado el abandono institucionalizado a lo largo de muchas décadas de la promoción y la prevención en salud, debe ser prioritario centrarse en poblaciones vulnerables y en la regulación decidida basada en evidencia a favor de la alimentación saludable.
