A lo largo de muchos años, en la literatura económica se afirmaba que para alcanzar el desarrollo era necesario un crecimiento guiado por las exportaciones manufactureras, como lo hicieron los tigres asiáticos.
La receta consistía en invertir en bienes de capital, tecnología, educación e infraestructura para impulsar una rápida industrialización hasta que la base fuera lo suficientemente grande para mantener un crecimiento económico autosostenible y liderado por la industria.
En la década de los noventa, la receta comenzó a incluir la incorporación de los países en vías de desarrollo a las cadenas globales de valor en la manufactura.
Costa Rica siguió la receta al atraer a Intel en 1997 y continuó una exitosa labor de captación de inversión extranjera directa, cuya producción está orientada a la exportación. De hecho, en el 2022 operaban en nuestro país 138 empresas multinacionales manufactureras en el régimen de zonas francas.
Costa Rica no se ha quedado ahí, también atrae capitales extranjeros para la agroindustria y, principalmente, el sector de los servicios.
Lo anterior es de suma importancia, ya que tanto la evidencia empírica como nuevos avances en la teoría económica muestran que la incorporación a las cadenas de valor en la manufactura no son el único camino hacia el desarrollo, en especial, en momentos en que la revolución tecnológica la convierte en una actividad cada vez más intensiva en capital (menos trabajo) y a los servicios en actividades transables (que se pueden comerciar internacionalmente).
Cambio en la dinámica de la economía global
Reconocidos expertos como el profesor Richard Baldwin señalan que la dinámica de la economía global cambió y ha hecho surgir una nueva narrativa: “Creo que el futuro del desarrollo no estará impulsado por la manufactura, sino por el crecimiento de las exportaciones de servicios”.
Pareciera que Costa Rica hizo una apuesta correcta y al mismo tiempo puso en marcha, en el pasado, políticas que favorecieron el surgimiento de un sector doméstico en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).
En este nuevo contexto, conviene definir el término desarrollo. Los economistas lo entienden como un proceso global de transformación, el cual involucra, de manera intencionada, el incremento sostenible de las capacidades productivas, una mejor distribución de la riqueza, la atención de las necesidades básicas de la población y la ampliación de las opciones y capacidades de las personas para el desenvolvimiento en la vida.
De acuerdo con la evidencia empírica, los salarios de los trabajadores de las multinacionales son mayores a los del resto y la productividad de las pymes se incrementa desde el momento en que empiezan a trabajar con las multinacionales, gracias al derrame de conocimiento y la transferencia de tecnología.
Un fenómeno similar ocurre en aquellas pymes que contratan a exempleados de las multinacionales, quienes aplican los conocimientos adquiridos en los procesos donde ahora trabajan.
Lo mismo ocurre a los costarricenses que logran emprender un negocio al identificar una oportunidad de mercado mientras laboraron en una multinacional. Pero ¿es suficiente para el desarrollo? La respuesta, claramente, es no.
Redistribución de las rectorías
¿Dónde están las políticas que incrementen las capacidades productivas de las empresas en el régimen definitivo y fomenten el desarrollo de nuevas empresas que aprovechen las oportunidades de mercado y creen nuevas fuentes de empleo, mejoren la distribución de la riqueza y la atención a las necesidades básicas de la población, y la ampliación de las opciones y capacidades de las personas para el desenvolvimiento de su vida?
A manera de ejemplo, necesitamos ecosistemas productivos en torno a las actividades de exportación, sean estas de la agroindustria (incluida la agricultura), la manufactura o los servicios.
Es necesario redefinir los mandatos de los ministerios de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
Si bien el MEIC es el rector de la política relacionada con las pymes, sería conveniente dejarle solo la atención de empresas de subsistencia y estilos de vida, y transferir la rectoría de la promoción de nuevos emprendimientos y la aceleración de empresas para aprovechar oportunidades de mercado (principalmente aquellas basadas en conocimiento) y el desarrollo de clústeres al Micitt.
Las empresas creadas, aprovechando oportunidades de mercado (innovadoras), son las que generan más y mejores fuentes de empleo. Por ende, es vital que el Micitt coordine sus esfuerzos con otras instituciones, tales como la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación (capacidades domésticas de innovación), el Sistema de Banca para el Desarrollo (financiamiento), el Instituto Nacional de Aprendizaje (acompañamiento), el Ministerio de Hacienda (incentivos fiscales), el Ministerio de Educación (recursos humanos), el Ministerio de Comercio Exterior (promoción de exportaciones y atracción de IED), entre otros.
Como he señalado en otras oportunidades, es vital repensar el programa de desarrollo de proveedores para la multinacionales, la creación de un sistema de incentivos y apoyo a las start-ups y spin-offs, así como fomentar el emprendimiento desde los primeros años de educación.
Es preciso mejorar el sistema de financiamiento según el ciclo de vida de las empresas, garantizar una correcta correspondencia entre las necesidades del aparato productivo y el sistema de formación, y capacitación de los recursos humanos.
Quizás una manera de hacerlo sea diseñando políticas y acciones regionales en lugar de nacionales. Por ejemplo, mediante la creación de consejos de competitividad cantonales, donde diversos actores apoyen a las autoridades locales en la definición de las acciones tendentes a afrontar retos como los que he señalado anteriormente, de manera conjunta con instituciones nacionales (INA, Ministerio de Trabajo, etc.).
Un ejercicio de este tipo se lleva a cabo en el cantón Central de Cartago, con la contribución del gobierno local, el sector privado, miembros de la sociedad civil y la academia.
El autor es presidente de la Academia de Centroamérica.
