Hace unos días, con ese tono faltón que ha imprimido a las relaciones entre los brazos del Estado, el ministro de Hacienda y Presidencia le advirtió al presidente de la Corte Suprema que habrá recortes financieros al Poder Judicial: “Orlando, póngase eficiente”, dijo Chaves.
A la actual administración poco le interesa promover una reforma que mejore los servicios que prestan las instituciones judiciales a miles de costarricenses cada día. Los insultos permanentes contra Aguirre; el fiscal general, Carlo Díaz, o la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, solo dan cuenta de vendettas personales.
Las únicas ideas de las que repetidamente se habla son de variar la forma en que se selecciona a los cargos institucionales –politizando el trámite– y de endurecer, aún más, nuestro sistema penal, que solo en 10 años duplicó la población penitenciaria (de 9.000 en 2015 a casi 20.000 en 2026). Es todo.
Y claro que es gravísima la normalización de interacciones ancladas en la violencia verbal, en el irrespeto a la división de poderes y en la deshumanización de funcionarios públicos. Pero el daño real está en otro lado.
Veamos un ejemplo: el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Goicoechea tiene 12 jueces y juezas, y cada cual tramita cerca de mil expedientes en una materia en extremo sensible. Allí se dirimen cuestiones que atañen a la calidad de vida de familias enteras, en especial, de niños y adolescentes que requieren del acompañamiento judicial para garantizarse la cobertura de sus necesidades básicas. Un recorte presupuestario afectará de modo frontal a ese tipo de instancias para realizar pericias, contratar traductores o curadores, y ya no se diga para ampliar las plazas de jueces. Esto, paradójicamente, llevará a una justicia más lenta y paquidérmica; todo lo contrario a lo que demagógicamente se le exige a la Corte.
Menos plata para el Poder Judicial probablemente dificultará el trabajo de empleados como Aguirre, Díaz o Solano, pero, al final, eso no es tan importante; lo dramático es que menos plata para el Poder Judicial empeorará las circunstancias vitales de quienes acuden a los tribunales a reclamar sus derechos. Lo que se espera que haga una democracia a la que se le pide todo, y a la que –cuando hace unos meses se sacaba pecho por la salud de las finanzas públicas– se desmantela sin ningún rubor.
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Marco Feoli es abogado, profesor en la Universidad Nacional (UNA) y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU.