Apenas 48 horas después de que, con rosario en mano, la presidenta Fernández recibiera a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y prometiera un nuevo ciclo con el Poder Judicial, su ministro de Presidencia y Hacienda volvió a la carga. Calificó de “asquerosa” una medida cautelar ordenada por la magistrada Ingrid Hess y, generoso como el que más, advirtió que no expresaría los “epítetos” que también tenía reservados para Fernando Cruz por otra decisión de la Sala Constitucional que no gustó en Zapote. Así estamos.
El problema con Rodrigo Chaves no solo son sus formas. Va más allá de la violencia que ha naturalizado, justamente, en un país con las tasas de homicidios más altas de toda la historia. El problema más grave es su concepción de la democracia. Hoy son Hess y Cruz –dos funcionarios con unos atestados y una carrera del más alto nivel–, ayer, Patricia Solano, Carlo Díaz y Orlando Aguirre; antes, la defensora del pueblo y la contralora general de la República.
Todos comparten estar al frente de órganos cuya competencia fundamental es actuar como contrapesos del poder político, cuestionar sus decisiones e, incluso, revertirlas. Es el único modo posible de que un régimen democrático funcione. Desde el nacimiento de la justicia constitucional moderna, después de la Segunda Guerra Mundial, su rol es asegurar e interpretar –sí, interpretar– las normas jurídicas que garantizan que el marco constitucional dentro del que construyen las sociedades contemporáneas sea respetado.
El talante de un demócrata se mide según cómo acepta las reglas del juego. A Laura Chinchilla, la Sala le anuló un plan fiscal; a Luis Guillermo Solís, el reglamento de la FIV, y a Carlos Alvarado, el decreto de la UPAD. A los tres, los árbitros les dijeron que no; a nadie le gusta recoger velas, pero ninguno se expresó con semejante agresividad porque los tres, sin que importe qué valoración se tenga sobre cada uno, probaron ser unos demócratas.
La retahíla de insultos del señor Chaves ha cruzado todos los límites, ya no de la educación, sino de una moralidad básica. Decido seguir pensando que Costa Rica merece líderes que no hagan de la intoxicación y del odio una moneda de uso.
Envenenar la convivencia de esa manera, deshumanizando a personas íntegras y deslegitimando instituciones, degrada la herencia de nuestros antepasados. Y el responsable es Chaves, por supuesto, pero también quienes siguen disimulando, que lo que vivimos hace mucho dejó de ser normal.
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Marco Feoli es abogado, profesor en la Universidad Nacional (UNA) y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU.
