El Presupuesto para 2027 expone una dificultad de la política social: cumplir un mínimo legal puede resultar insuficiente para atender las necesidades de la población. Eso ocurrió con el Régimen No Contributivo de pensiones (RNC). El proyecto enviado inicialmente por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa respetaba el porcentaje de Fodesaf asignado para ese fin, pero no cubría la necesidad estimada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para sostener las pensiones existentes y ampliar la cobertura.
La advertencia de la CCSS iba más allá de la imposibilidad de otorgar nuevas pensiones. Los recursos previstos serían insuficientes incluso para cubrir todas las que ya estaban en curso. Había una carencia real que comprometía ingresos de personas que dependen de ese apoyo para atender sus necesidades básicas.
Una moción aprobada en la Comisión de Asuntos Hacendarios, de mayoría oficialista, buscó resolver esa insuficiencia. Reforzar el RNC tenía una justificación social clara. Sin embargo, el aumento se financió redistribuyendo dinero de otros programas dentro de Fodesaf, lo que llevó a que tres de ellos quedaran por debajo de los mínimos legales que el proyecto original sí cubría.
CEN-Cinái debía recibir al menos el 15% del Fondo y, con el cambio aprobado, quedaría con un 8,3%. El programa Hijos e Hijas de la Patria, que financia prestaciones alimentarias, pasaría de su asignación legal del 0,25% a cerca del 0,14%. Son reducciones que debilitan el financiamiento protegido para nutrición, cuido y alimentación.
En vivienda, la ley establece dos garantías: al menos el 18% de los ingresos de Fodesaf y un monto que tampoco puede ser inferior al 33% de la contribución patronal. La asignación resultante, luego de los cambios vía moción, todavía supera el primer umbral, pero equivale apenas al 27,3% del aporte patronal.
Presupuestar con recursos escasos obliga a decidir entre necesidades legítimas. Esa dificultad permite comprender la decisión de la Comisión, aunque no elimina las obligaciones que limitan su margen de acción. La insuficiencia del RNC requería atención; resolverla dejando otros programas por debajo de sus pisos legales traslada el problema a otras poblaciones vulnerables.
El episodio también muestra que los porcentajes legales y el costo de los servicios pueden estar desalineados. Revisar la distribución de Fodesaf exige considerar ambos aspectos, así como las consecuencias para quienes reciben sus prestaciones. Mientras esas garantías permanezcan vigentes, la negociación presupuestaria debe respetarlas. De lo contrario, la continuidad de una protección social termina dependiendo de cuánto se debilite otra.
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Andrés Fernández Arauz es economista.
