El 11 de setiembre de 2001 era un martes con un cielo azul y despejado. Estaba en mi casa de Cambridge, Massachusetts, cuando mi marido me llamó por teléfono para decirme que un avión se había estrellado contra una de las Torres Gemelas. Supusimos que se trataba de un pequeño avión que se había estrellado por accidente, pero pronto nos dimos cuenta de que estaba ocurriendo algo mucho más grave.
Encendimos CNN mientras la noticia se extendía entre los vecinos y la multitud. Llamó mi madre y nos quedamos al teléfono (todavía era un teléfono fijo), jadeando horrorizadas mientras se derrumbaba la primera torre y, después, la segunda. Uno de mis hermanos trabajaba en Nueva York; hicimos una ronda de llamadas en familia para asegurarnos de que estaba bien.
Cuando llegó la noticia del ataque al Pentágono, me di cuenta de que estábamos presenciando una campaña dirigida contra diferentes centros de la vida estadounidense. Me apresuré a recoger a nuestros hijos, de cuatro y dos años, en la guardería, al otro lado del río.
Ese fin de semana teníamos previsto conducir las 12 horas hasta Virginia para celebrar el 75.º cumpleaños de mi padre. Todos los aviones estaban en tierra, pero sentíamos una necesidad abrumadora de abrazarnos con fuerza. Mientras conducíamos por la autopista de Nueva Jersey en la oscuridad, pudimos ver las ruinas de las torres, de las que aún salía humo, iluminadas por los focos: una visión inquietante que nuestros hijos aseguran recordar.
Un cuarto de siglo después, seguimos dándoles vueltas a los detalles de aquel día, muchos de los cuales quedaron grabados para siempre en nuestra memoria por el impacto de la conmoción y la incredulidad. El atentado había suscitado tantas preguntas: ¿quién podría haber hecho esto y, sobre todo, por qué?
Las respuestas, y nuestra reacción, darían una nueva forma al país y a su lugar en el mundo. Alcancé la mayoría de edad en la década de los 70, cuando los horrores de la tortura física aparecían a menudo en las noticias. Imágenes de palizas, quemaduras de cigarrillos, electrodos conectados a los genitales, mutilaciones, violaciones, inanición y otras atrocidades llegaban con regularidad a través de la documentación sobre el Holocausto, los gulags de Stalin, las guerras sucias en Argentina y Chile, y los campos de exterminio de Camboya, junto con pruebas desgarradoras de los crímenes de guerra estadounidenses en Vietnam.
En 1976, el año de nuestro bicentenario, Jimmy Carter fue elegido presidente y prometió un nuevo comienzo tras la guerra y Watergate. Insistió en que los derechos humanos se convertirían en una parte permanente de la política exterior de EE. UU.
Puede que algunos estadounidenses siguieran practicando la tortura, pero solo de forma ilegal. El compromiso con el Estado de derecho y la decencia básica, independientemente de lo que pudiera hacer el “bando contrario”, nos había definido como estadounidenses desde que George Washington insistió en que los prisioneros de guerra británicos fueran tratados “con humanidad”.
Pero para 2003-2004, ya habíamos invadido Irak y Afganistán y detenido a presuntos terroristas sin juicio en Guantánamo y en “centros secretos” de otros países, violando los Convenios de Ginebra.
Me vi participando en debates sobre si la tortura se había vuelto de repente necesaria. Al principio, me mostré incrédula, recurriendo al ya manido estribillo de que “esto no es lo que somos”.
Me opuse a las interminables especulaciones sobre qué se debería hacer si un terrorista detenido conociera la ubicación de una bomba que destruiría la ciudad de Nueva York en menos de una hora. Lo que yo consideraba un principio moral básico de nuestra identidad nacional solía ser ridiculizado como ingenuo. El derecho consolidado resultó ser algo más difuso: normas que podían reinterpretarse cuando las normas en las que se basaban se erosionaban.
Un cuarto de siglo después, gran parte de lo que antes era impensable –tachar a la prensa de “enemiga del pueblo”, utilizar las agencias gubernamentales como arma contra los oponentes políticos, abusar abiertamente de los cargos públicos para beneficio propio, proferir amenazas físicas contra los oponentes políticos, pisotear los controles y contrapesos– se ha convertido en la nueva normalidad.
Aunque gran parte de ello proviene del actual presidente, también hay casos en los que ambas partes tienen la culpa. Ha sido un descenso lento, en el que cada uno de los principales partidos ha justificado las violaciones de la ley y las normas señalando al otro.
Los atentados del 11 de setiembre también inyectaron una dosis muy concentrada de xenofobia en nuestra política. Por supuesto, la historia de Estados Unidos ha tenido ciclos recurrentes de sentimiento antiinmigrante, a menudo acompañados de violencia. Pero para muchos estadounidenses en este siglo, la respuesta a la pregunta que planteó Fareed Zakaria en su célebre ensayo de octubre de 2001, ¿Por qué nos odian?, es que “ellos” parecían ser todos musulmanes. Y, con demasiada frecuencia, esta etiqueta se convirtió en sinónimo de cualquier persona de piel morena que llevara un tocado. El intento del presidente Donald Trump, durante su primer mandato, de prohibir la entrada de todos los musulmanes en Estados Unidos ha derivado en un esfuerzo más amplio por presentar como una amenaza a cualquiera que no se parezca a un estadounidense blanco de la década de 1950.
Los demagogos llevan mucho tiempo alimentando la hostilidad hacia un mítico “ellos”. Hoy, sin embargo, el miedo al “otro” se ha convertido en el rasgo definitorio de nuestra política nacional, y cada bando sostiene que una victoria del enemigo –representado como etnonacionalistas o socialistas– destruirá nuestra democracia.
Las secuelas del 11-S profundizaron en muchos estadounidenses la sensación de que el resto del mundo simplemente se muestra ingrato por los sacrificios que hemos hecho por la paz y la prosperidad mundiales a lo largo de décadas. Al igual que la mayoría de los países, Estados Unidos tiende a fijarse en lo que los demás nos hacen, mientras pasa por alto lo que nosotros les hemos hecho a ellos.
Hoy, este sentimiento de agravio se plasma en la agenda “America First”, de Trump. La indecencia y la imprudencia asombrosas con las que la actual administración lleva a cabo sus políticas han obligado a otros países, incluidos aliados tradicionales de EE. UU., a buscar nuevos caminos.
Sin embargo, existe un fuerte apoyo interno a la idea de que Estados Unidos debe desempeñar un papel diferente en el mundo, rechazando su condición de potencia indispensable y centrándose primero en las necesidades nacionales. Esto representa un cambio de paradigma. El consenso en materia de política exterior que nos guio durante la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del XXI ha desaparecido para siempre.
Cuando mi familia y yo salimos de Cambridge aquel viernes 14 de setiembre, nos sumamos a la avalancha de tráfico que circulaba por la I-95, la superautopista que va desde Maine hasta Florida. Al mediodía, en algún lugar de Connecticut, nos detuvimos, junto con el resto de conductores, para guardar tres minutos de silencio como parte del Día Nacional de Oración y Conmemoración.
En las estaciones de tren cercanas, a solo una hora de la ciudad de Nueva York, aún permanecían estacionados los carros de los viajeros que nunca volverían. Lloramos su pérdida, como estadounidenses y como seres humanos.
Ese día parece ahora muy lejano.
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Anne-Marie Slaughter es exdirectora de planificación de políticas del Departamento de Estado de EE. UU., directora ejecutiva del centro de estudios New America, catedrática emérita de Política y Asuntos Internacionales en la Universidad de Princeton y autora de ‘Renewal: From Crisis to Transformation in Our Lives, Work, and Politics’ (Princeton University Press, 2021). Copyright: Project Syndicate, 2026.