EscucharEn mi columna anterior, destaqué que el “Plan de Trabajo Prioritario Estratégico 2025-2026”, presentado por el MEP el 13 de junio, representaba un avance frente a la opacidad de años recientes. No obstante, también advertí de que su aplicación en apenas diez meses limita seriamente su alcance.
Una revisión más detenida revela dos omisiones graves que ponen en duda el verdadero cambio que promete. La primera es la ausencia de referencias presupuestarias. Aunque el plan define metas, acciones e indicadores, en ningún momento aclara cuánto costará implementarlo ni si existen recursos asignados. La mayoría de metas retoma acciones en marcha desde meses atrás, y no se identifican nuevos requerimientos financieros.
Esto podría entenderse: el 60% del tiempo para ejecutar el plan corresponde al 2025, con un presupuesto aprobado el año anterior y escaso margen para reasignar fondos. Pero esa explicación no justifica la ausencia de estimaciones presupuestarias. Más aún cuando el presupuesto educativo de este año es el más bajo en relación con el PIB de las últimas dos décadas.
La segunda omisión aparece en el eje 8, “Equidad en acción”. Aunque se mencionan acciones para aumentar el número de estudiantes que reciben el servicio de transporte o modernizar la infraestructura para el programa de comedores con mayor inversión en mobiliario y equipo de cocina, el plan omite mencionar el déficit actual de las becas Avancemos: cientos de miles de jóvenes siguen sin recibir apoyo, y esta administración comenzó recortando casi 100.000 becas en 2023.
Tampoco se hace alusión a la reciente advertencia de la contralora general, Marta Acosta, quien reportó a la Asamblea Legislativa que el Ministerio de Hacienda mantiene recursos congelados por ¢5.790 millones en comedores escolares y ¢7.710 millones en Avancemos, y, aun si se liberaran esos fondos, el presupuesto seguiría siendo inferior al del año 2024.
Un plan sin respaldo financiero es apenas una declaración de buenas intenciones. No solo en los mercados internacionales la credibilidad es crucial. Parafraseando al ministro de Hacienda, Nogui Acosta: “Este tipo de decisiones, guiadas quizás por una coyuntura política o el cálculo populista de corto plazo, tienen un costo significativo”. La credibilidad de la política educativa también se mide en colones.
Andrés Fernández Arauz es economista.
