Este lunes, en una sesión solemne de la Corte Suprema de Justicia, Carlo Díaz fue reelegido como fiscal general con el voto unánime de los 21 magistrados y magistradas presentes. Habría bastado con 12 votos, pero la unanimidad importa por la señal institucional que, con ella, transmite la Corte.
El trabajo de don Carlo como cabeza del Ministerio Público ha sido notable por su seriedad y eficacia, sobre todo en las condiciones en que ha tenido que trabajar.
El trabajo de Díaz no ha estado exento de polémicas y algunos consideran que, en ocasiones, se ha excedido en sus comentarios políticos, como cuando afirmó que “el Ministerio Público no ha cedido a ninguna presión, hemos trabajado de manera independiente como pilar esencial del Estado de derecho y no vamos a ceder ante ninguna pretensión populista”. ¿Excesivo? Puede ser. Pero el contexto importa, y el contexto ha incluido un ataque despiadado y constante desde el oficialismo.
Este ataque ha sido liderado por el propio Rodrigo Chaves, quien, en marzo de 2025, acompañado por su gabinete, encabezó una marcha contra el fiscal general. Chaves se dejó decir que las instituciones del Poder Judicial “están heridas de gravedad, las han capturado las ratas, gente como Carlo Díaz y sus cómplices, sus proxenetas del Poder Judicial”. Las declaraciones son brutales, pero no se quedaron ahí.
El pasado abril, ante miembros de la Federación Alianza Evangélica Costarricense, el todavía presidente se jactó de haber “recuperado los dos poderes de la República, el Legislativo y el Ejecutivo”, agregando que, “obviamente, nos falta el Poder Judicial, y ante ustedes, y ante la presencia permanente de nuestro Señor, juro que yo daré el esfuerzo que pueda, y que doña Laura me deje (?), para también recuperar ese poder de la República”. Pocas semanas después, la recién inaugurada presidenta Fernández retomaba la diatriba al catalogar al fiscal general como una “vergüenza nacional”.
Esta batalla se ha concretado donde suelen concretarse las políticas públicas: en el presupuesto del Poder Judicial, del Ministerio Público y del OIJ. Las normas presupuestarias presentadas por el Ejecutivo dejarían al Poder Judicial con restricciones para utilizar unos ¢30.000 millones incluidos en su plan de gastos de 2027, y un recorte equivalente a más de ¢10.000 millones. Según Carlo Díaz, los recortes presupuestarios propuestos sumirían a la Fiscalía en el caos. ¿Por qué este encono?
El fiscal general es el jerarca del Ministerio Público y dirige la política de persecución penal del país, trátese de crimen organizado, financiamiento político, delitos económicos, corrupción y procesos penales seguidos contra miembros de los supremos poderes y otros altos funcionarios. Es por eso que su puesto está tan expuesto a la ira del poder.
Y es por eso que, en Costa Rica, entendiendo la importancia de la separación de poderes, nuestra Constitución reserva el nombramiento del fiscal general no al Poder Ejecutivo ni al Legislativo, sino a la Corte Suprema de Justicia. No es extraño que el presidente Chaves nos recuerde que “en Estados Unidos, el fiscal lo nombra el presidente” –y ya hemos visto cómo lo manipula Trump, perdonando a sus amigos y persiguiendo a los que considera enemigos–. Chaves parece envidiarlo.
Justo por eso, y por incómoda que parezca a los jerarcas de turno, nuestra arquitectura institucional constituye una de las principales garantías del modelo democrático liberal costarricense. Por eso esta elección unánime es tan importante.
Nos cuenta don Carlo que fue su padre, que se dedicaba a vender páginas amarillas, quien le inculcó tanto su pasión por el Derecho como su amor por el Deportivo Saprissa. Yo se lo agradezco por permitirnos tener hoy a don Carlo como fiscal y, obvio, como un morado más.
leonardogarnier@gmail.com
Leonardo Garnier ha sido profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la Universidad Nacional (UNA), ministro de Planificación Nacional y Política Económica (1994-1998), ministro de Educación Pública (2006-2014) y asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Cumbre por la Transformación de la Educación (2022-2023).
