El crimen organizado trabaja hoy en Costa Rica mientras nosotros debatimos si quien lo dice es de izquierda o de derecha. Esa es la síntesis más honesta de dónde estamos.
Llevo muchos años estudiando cómo operan estas organizaciones. Sus estructuras, su lógica financiera, sus mecanismos de infiltración institucional. Y una de las conclusiones más incómodas que he llegado a sostener, con evidencia, es esta: la polarización política no es solo un problema de convivencia democrática. En el contexto del crimen organizado, es un problema operativo de seguridad. Porque mientras la clase política se especializa en el intercambio de apodos, montajes y declaraciones de bando, el crimen organizado no pierde un solo día de trabajo.
Las organizaciones criminales toman decisiones racionales dentro de entornos de riesgo. Calculan costos, identifican dónde el Estado es más débil, buscan el camino de menor resistencia hacia la mayor rentabilidad posible. No leen manifiestos políticos. Leen oportunidades.
Las organizaciones con presencia documentada en Costa Rica están aquí porque desean colonizar nuestra democracia. Están aquí porque Costa Rica les resulta funcional. La posición geográfica es estratégica para el corredor de reexportación hacia Europa. La infraestructura portuaria tiene brechas que la inteligencia criminal identificó antes que los propios auditores del Estado. La economía formal ofrece vehículos de lavado accesibles en un entorno donde la supervisión financiera tiene más vacíos que coberturas. Están aquí porque aquí hay dinero que mover y el costo de moverlo es competitivo. Eso no es una opinión política. Es una arquitectura económica.
Y esa arquitectura se está volviendo más compleja. Lo que en criminología describimos como convergencia criminal, el proceso por el cual organizaciones de distinto origen operan de forma complementaria sobre las mismas infraestructuras de impunidad, está en curso en el país.
El gota a gota que opera en los mercados de San José no es un fenómeno aislado del tráfico que pasa por Caldera. El lavado que circula por el sector inmobiliario no es ajeno a las extorsiones que financian estructuras locales. Son expresiones distintas de una economía criminal que se articula sobre una base común: captura institucional, control territorial y circulación de dinero que necesita volverse invisible.
Esa arquitectura no se desmonta con operativos mediáticos diseñados para la fotografía de prensa ni con discursos de campaña. Se desmonta con inteligencia criminal sostenida, con persecución real del patrimonio ilícito, con cooperación judicial internacional que sobreviva los cambios de gobierno y con reformas institucionales que ningún partido ha querido asumir completamente porque todas implican ceder espacios de poder que hoy sirven para otras cosas.
El costo de la espiral estéril no es abstracto. Es tiempo. Y el tiempo en esta materia no es neutral.
Cada año sin reformas reales al sistema de inteligencia portuaria es un año en que el crimen organizado consolida su presencia en esa infraestructura. Cada año sin una unidad especializada en recuperación de activos con capacidad real es un año en que el dinero ilícito se integra más profundamente en la economía formal.
Costa Rica todavía tiene márgenes para actuar, una institucionalidad democrática que funciona –imperfectamente, pero que funciona–. Esos márgenes no son indefinidos. Se estrechan. Y se estrechan más rápido cuando la clase política prefiere el espectáculo de la confrontación a la ingratitud política de las reformas que nadie aplaude en campaña, pero que son las únicas que cambian algo en la práctica.
El dinero del crimen organizado no tiene ideología. No le importa si el presidente es de izquierda o de derecha. Trabaja todos los días con la misma lógica. La pregunta real no es de quién es la culpa. La pregunta real es cuánto más nos vamos a permitir perder mientras seguimos discutiendo eso.
taniamolina@tmrcr.com
Tania Molina Rojas es criminóloga, autora de ‘Crimen Organizado Transnacional: una mirada hemisférica’ y ‘Futuro Secuestrado: Análisis multidimensional de la inseguridad en Costa Rica’.
