Hacienda atribuye parte de la caída en la recaudación a los problemas de implementación de Tribu-CR. Una plataforma tributaria debe facilitar el cumplimiento, y sus fallas pueden afectar los ingresos. Pero también importa examinar qué ocurría con los controles antes de que el sistema entrara en operación.
Una auditoría de la Contraloría ofrece una respuesta. Las acciones de control extensivo sobre los riesgos de renta examinados pasaron de 1.767 en 2023 a 605 en 2024 y a apenas dos en 2025. Estas revisiones cruzan información para detectar omisiones o inconsistencias en las declaraciones. Su reducción muestra el deterioro de una herramienta para cobrar lo que corresponde.
El debilitamiento comenzó antes de Tribu-CR. Hacienda reasignó personal de control extensivo a labores de cobro y, desde junio de 2023, dejó de iniciar nuevas liquidaciones previas y suspendió las que estaban en trámite. Esa reasignación se mantuvo hasta octubre de 2025. Cobrar deudas pendientes y verificar que los contribuyentes declaren correctamente son funciones complementarias.
Para 2026, la Contraloría reporta posibles incumplimientos por ¢794.496 millones en los seis riesgos de renta analizados. El monto equivale a cerca del 1,5% del PIB proyectado. Dimensiona los recursos expuestos a esos riesgos, aunque la auditoría no determina cuánto podría recuperarse ni cuánto de la caída reciente de ingresos responde a las debilidades del control.
El informe Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2025 identifica un potencial de mejora fiscal de hasta un 1% del PIB al reducir la fragmentación del sistema de pago y recaudación. Con base en una estimación de la Contraloría, vincula ese potencial con un sistema más centralizado y digital. Ambos hallazgos, desde ámbitos distintos, muestran la relevancia fiscal de mejorar la administración tributaria.
Cuando faltan recursos, recortar partidas produce un resultado inmediato. Mejorar los controles, integrar información y resolver incumplimientos exige capacidad de gestión y un esfuerzo sostenido. Postergar esas tareas reduce las posibilidades de aliviar la presión fiscal mediante una mejor administración de los ingresos.
La discusión sobre Tribu-CR forma parte de ese problema más amplio. Mientras Hacienda tenga dificultades para convertir la información disponible en controles oportunos y recaudación efectiva, el ajuste seguirá encontrando en la reducción del gasto, particularmente la inversión social, una respuesta más rápida que en las mejoras pendientes de la propia administración tributaria.
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Andrés Fernández Arauz es economista.