El Parlamento o Asamblea Legislativa es la institución más representativa y característica de una democracia. Su función por excelencia es la legislativa, entendida como la contribución al actuar del Estado a través de la emisión de leyes.
Pero también cumple otras funciones relevantes, como el control del Poder Ejecutivo, la representación del pueblo en toda su diversidad, la articulación y canalización de las demandas, los valores y la idiosincrasia del país para crear políticas que generen el mayor bien para la mayoría, el debate sobre cuestiones sustanciales en una realidad en constante cambio, la aprobación del presupuesto nacional y préstamos internacionales, y el nombramiento de altos funcionarios.
El desarrollo de la democracia y la calidad de la labor emanada del Legislativo no solo depende de la calidad humana, la preparación y la habilidad de los legisladores. También requiere que estos tengan acceso a información no partidista, basada en evidencia, con perspectiva histórica y comparada.
Las discusiones y las decisiones legislativas deben basarse en investigación y análisis científico, técnico, de prospección, viabilidad y oportunidad sobre la realidad nacional, los fenómenos mundiales de todo tipo y las tendencias globales. Por ejemplo, para determinar la conveniencia de una nueva ley o para realizar un buen control político del trabajo del gobierno, los congresistas necesitan reportes rigurosos, oportunos y sucintos, análisis comparados, mediciones fácticas, evaluaciones neutrales de impacto de políticas y de pertinencia de leyes vigentes.
Asimismo, transformación digital y tecnologías disruptivas, mitigación y adaptación al cambio climático, generación de energía, sostenibilidad, salubridad, migraciones, cambios demográficos, infraestructura, geopolítica, innovación productiva, tendencias del comercio global, seguridad, política fiscal y monetaria, entre otros, no pueden abordarse usando solamente la intuición, la experiencia personal, el sentido común, la imitación o los silabarios ideológicos.
El escenario ideal para un parlamento nacional es contar con un sólido departamento de biblioteca y servicios de estudios parlamentarios (DBSEP) independiente de los partidos y del gobierno.
Servicios internos y externos
Ahora bien, la realidad es que la capacidad y la autonomía de los DBSEP varía considerablemente de un país a otro en función de varios factores: el número de diputados, el presupuesto institucional, la cantidad y calidad del recurso humano de apoyo, la estructura y gobernanza internas, la situación política, la existencia de alianzas interinstitucionales, entre otros factores.
Además, el grado de estabilidad del ente legislativo frente a los vaivenes electorales y las influencias partidistas es determinante para desarrollar y preservar un servicio de investigación parlamentaria.
Por otra parte, si bien la función primordial de un DBSEP es dar apoyo a la labor legislativa, no debe funcionar solo hacia dentro: también debe acercar a la ciudadanía a la información relevante y estimular la comprensión del impacto y la trascendencia de las leyes y las políticas públicas. Por último, debe generar y facilitar material que informe las decisiones de otros entes del Estado, como ministerios e instituciones autónomas.
La mayoría de los parlamentos cuentan con archivo, biblioteca y alguna oficina que da servicios de apoyo al cuerpo legislativo, responde consultas puntuales y hace análisis jurídico, gramatical y de técnica legislativa. Pero son pocos los que se pueden considerar DBSEP integrales y vigorosos. En las democracias más consolidadas del mundo, estos departamentos gozan de un presupuesto cuantioso y reclutan el mejor talento interdisciplinario para la investigación, ofrecer asesoría científica y prospectiva, y responder a las consultas de los parlamentarios.
Un caso ejemplar es la Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología del Parlamento británico (POST, por su sigla en inglés), una de las primeras oficinas de ese tipo, con más de 30 años de experiencia en investigación y recolección de evidencia —que incluso anticipa la información y las respuestas que requerirán los diputados en un momento dado—.
El Parlamento de Finlandia cuenta con el Comité para el Futuro, que opera como un think tank científico-tecnológico que mantiene un diálogo permanente con el gobierno sobre los principales problemas y oportunidades futuras.
El Parlamento de Estonia cuenta con el Foresight Center o Centro de Previsión, compuesto por científicos estonios e internacionales, que hace análisis a largo plazo, identifica tendencias y avenidas de desarrollo, sistematiza resultados, elabora escenarios y ofrece propuestas de decisiones que deberían tomarse.
En Chile, la oficina de Asesoría Técnica Parlamentaria (ATP) de la Biblioteca del Congreso Nacional da servicios de información y análisis especializados a los senadores, diputados y comisiones del Congreso Nacional. La planilla de la ATP está formada por 40 investigadores profesionales de distintas disciplinas, agrupados temáticamente en cinco áreas: políticas sociales, ciencia, tecnología y recursos naturales, economía, defensa, gobierno y relaciones internacionales, y análisis jurídico.
La red global de mecanismos de asesoramiento científico legislativo cuenta con tan solo 14 miembros (todos europeos) y 11 asociados de otros continentes entre los que están Estados Unidos, Argentina y Chile.
En Costa Rica
La Asamblea Legislativa de Costa Rica cuenta con el Centro de Investigación Legislativa (Cedil) dentro del Departamento de Servicios Parlamentarios, que ya realiza algunas investigaciones. Es necesario robustecerlo con un equipo profesional más interdisciplinario.
Asimismo, la Asamblea Legislativa debe aprovechar el abundante talento científico nacional estableciendo alianzas con universidades, centros de investigación y pensamiento nacionales y extranjeros, agencias de cooperación internacional y nuestra diáspora científica, a la vez que se realiza una necesaria reestructuración financiera de la Asamblea que permita adelgazar la planilla administrativa y dirigir recursos a labores más estratégicas.
Pensemos por ejemplo en la tesis ampliamente aceptada en Costa Rica desde hace varios años de que necesitamos graduar más profesionales en carreras científicas (conocidas en inglés como STEM) para responder a las demandas del mercado laboral.
Se han escrito decenas de artículos recomendando distintos mecanismos para graduar más ingenieros y matemáticos, la oferta curricular del INA se ha ido adecuando a esa tesis, el Conape adaptó su cartera de préstamos y algunas universidades están haciendo lo propio para ofrecer más cupos en disciplinas STEM.
Posiblemente, hay por ahí algún proyecto de ley para crear incentivos para los centros de estudio que abran laboratorios y ofrezcan “carreras del futuro”. Pero ¿qué pasaría si a la vuelta de 10 años cambia el escenario y el país requiere otro tipo de talento?
Hace poco Christopher Pissarides, premio nobel de economía 2010, declaró en una entrevista que las carreras relacionadas con tecnología y ciencias serán las primeras en ser reemplazadas por la inteligencia artificial, mientras los servicios que requieren del trato humano prevalecerán en el mercado laboral futuro.
¿Sabemos en qué estudios y datos basa Pissarides su opinión? ¿Los hemos contrastado con los datos sobre los que hemos construido la argumentación a favor de más profesionales en STEM? Sin un análisis riguroso y prospectivo de tendencias locales y globales, en un momento en que el conocimiento humano se está duplicando cada 12 horas, corremos el riesgo de emitir políticas públicas injustificadas, ineficaces o de corta pertinencia.
La Unión Interparlamentaria y la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas elaboraron en el 2015 un documento muy completo de directrices para el diseño y creación de los servicios parlamentarios de investigación. Invito a la directora ejecutiva de la Asamblea Legislativa y al Directorio legislativo a comenzar a trabajar en la creación del Departamento del Futuro.
La autora es activista cívica.