Desde mayo de 2022, la política monetaria y cambiaria del Banco Central, en mi opinión, ha sido manejada de forma arbitraria, desproporcionada y asimétrica.
Sus decisiones han alterado los precios relativos de los bienes y servicios y, con ello, las decisiones y los resultados financieros de empresas y personas.
Este manejo resulta difícil de conciliar con el esquema de metas de inflación adoptado por su Junta Directiva en 2018 y, a mi juicio, plantea serias dudas sobre su consistencia con la Ley Orgánica y con los propios acuerdos de sus directores.
El esquema establece una meta anual de inflación del 3%. Sin embargo, en los últimos 104 meses, la inflación solamente se ha ubicado dentro del rango establecido durante 25 meses. Más preocupante aún, desde abril de 2023 acumula 40 meses consecutivos fuera del rango y, en 31 de ellos, la inflación ha sido negativa.
El contraste con lo sucedido en 2022 es evidente. Cuando la inflación aumentó, el Banco reaccionó con extraordinaria velocidad: en apenas 11 meses, la tasa de política monetaria pasó del 0,75% al 9%. Pero tomó aproximadamente 46 meses reducirla hasta el 3%, aun cuando durante buena parte de ese periodo la inflación permaneció por debajo de la meta e incluso en terreno negativo.
En mi criterio, la génesis del problema estuvo en las medidas anunciadas por el Banco en junio de 2022 para incidir sobre el mercado cambiario. Ante el temor a la inflación, se adoptaron acciones que considero desproporcionadas. Lo llamativo es que, años después, con inflación persistentemente baja o negativa, no se aplicaron medidas de similar intensidad en sentido contrario para regresar al objetivo de inflación.
La política monetaria no es neutral. Tasas de interés relativamente altas en colones estimulan las inversiones en moneda nacional y reducen el incentivo para comprar dólares e invertir en el exterior.
Por eso, resulta poco convincente afirmar que el Banco Central prácticamente no tiene influencia sobre el mercado cambiario y que el precio del dólar responde exclusivamente a la oferta y la demanda.
Desde junio de 2022, el colón se ha apreciado aproximadamente un 34%, equivalente a unos ¢236 por dólar. El tipo de cambio nominal ha regresado a niveles similares a los de hace más de dos décadas.
Una apreciación de esta magnitud genera ganadores y perdedores.
Beneficia a quienes tienen deudas en dólares y reciben ingresos en colones, a los importadores y al Gobierno en el pago de obligaciones denominadas en moneda extranjera. Pero perjudica a exportadores, empresas turísticas, productores locales que compiten con bienes importados y personas que reciben salarios, pensiones o rendimientos en dólares.
Además, la reducción del tipo de cambio no necesariamente se traslada en su totalidad a menores precios para los consumidores.
El problema es mayor porque las empresas afectadas han tenido pocas posibilidades de protegerse. El Banco Central no impulsó oportunamente un mercado amplio y efectivo de coberturas cambiarias.
Existe, además, otro elemento que requiere explicación.
El Banco Central publica información sobre las operaciones cambiarias de contado clasificadas por actividad económica y régimen de producción. Al comparar los primeros nueve meses de 2026 con igual periodo de 2025, el exceso de oferta de dólares aumentó cerca de US$685 millones.
A primera vista, podría pensarse que ese incremento proviene principalmente de las zonas francas, como ha explicado el presidente del Banco. Sin embargo, en los datos aparecen categorías denominadas “No disponible” y “Unidades inactivas o desinscritas”, cuyo significado y composición no se explican adecuadamente.
El resultado es particularmente llamativo: de los US$685 millones adicionales de exceso de dólares, aproximadamente US$574 millones, un 84%, corresponde al efecto neto de esas categorías, mientras que solo un 16%, unos US$111 millones, proviene de las zonas francas.
Es decir, una parte muy significativa del incremento no puede asociarse claramente, con la información publicada, a una actividad económica determinada. Esto debería preocuparnos.
La Ley Orgánica del Banco Central obliga a los intermediarios cambiarios a proporcionar la información que el Banco solicite sobre sus transacciones.
La incertidumbre también dificulta algo esencial para cualquier economía: el cálculo económico de empresas y personas.
¿Cómo puede una empresa exportadora proyectar inversiones, contratar trabajadores o preparar presupuestos cuando uno de sus principales precios (el tipo de cambio) puede variar más de un 30% en pocos años? ¿Cómo puede hacerlo una empresa turística, una pyme o una persona que recibe sus ingresos en dólares?
A esto se agrega otro riesgo hacia adelante.
El Banco Central ha anunciado que no participará más en la absorción de excedentes de divisas para 2027. Al mismo tiempo, el Gobierno ha recurrido crecientemente al financiamiento externo y se discuten nuevas autorizaciones de eurobonos por miles de millones de dólares.
Cada ingreso adicional de divisas aumenta la oferta de dólares. Si no existe una demanda equivalente, la presión natural es hacia una mayor apreciación del colón.
Por eso, la discusión sobre eurobonos y financiamiento externo no debería limitarse al costo de la deuda pública. También debe considerar su efecto sobre el mercado cambiario, las exportaciones, el turismo, la producción nacional y el empleo.
Desde 2022, Costa Rica ha logrado una inflación extraordinariamente baja. Pero ese resultado no puede analizarse aisladamente de la fuerte apreciación de nuestra moneda.
Controlar la inflación es fundamental. Pero también lo es preservar las condiciones que permiten producir, exportar, invertir y generar empleo, objetivos que igualmente forman parte de las responsabilidades económicas del Banco.
La política monetaria y cambiaria debe buscar el equilibrio. Cuando una política beneficia de manera permanente y excesiva a unos sectores y traslada sus costos a otros, corresponde explicar con absoluta claridad sus razones y consecuencias.
Después de más de cuatro años de una apreciación excepcional del colón, Costa Rica necesita una discusión seria y transparente sobre hacia dónde queremos llevar nuestro mercado cambiario.
Porque el tipo de cambio no es simplemente el precio del dólar. Es uno de los precios más importantes –si no el principal– de toda la economía.
A pesar de las reiteradas advertencias de los sectores afectados, tanto el Banco como el gobierno han tendido a minimizar sus consecuencias. Incluso un funcionario de alto nivel llegó a afirmar que quien no fuera rentable con este tipo de cambio debía cambiar de actividad. Pero nunca explicó cómo, cuándo, hacia cuáles sectores ni cuál sería el papel del gobierno en esa transformación.
No es razonable pedirle a una empresa que cambie de actividad como respuesta a una alteración extraordinaria de uno de los precios fundamentales de la economía, provocada o amplificada por decisiones de política pública.
Después de cuatro años, ya no basta con decir que el mercado determina el tipo de cambio. Corresponde explicar qué parte de ese resultado obedece realmente al mercado y qué parte es consecuencia de las decisiones monetarias, cambiarias y fiscales adoptadas desde 2022.
Ese es el debate que el país se merece.
Como decía el recordado expresidente del Banco Central, don Francisco de Paula Gutiérrez: “Estamos jodidos todos ustedes”.
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Gerardo Corrales Brenes es economista y exbanquero.