Pocas cosas están resultando más tentadoras para los movimientos populistas en América Latina que convertir las cárceles en instrumentos propagandísticos. Lo hacen Noboa, Kast, Fujimori, Fernández o De la Espriella –para hablar de los casos más recientes–, siguiendo, por supuesto, la marca Bukele. No importa que El Salvador no tenga nada que ver con otros países; frente al hartazgo –legítimo– por la violencia estructural que carcome a nuestras sociedades, las promesas simples son muy atractivas.
En nuestro caso, como por capítulos, como en un reality show, cada semana asistimos a anuncios y retóricas respecto al sistema penitenciario que no pasan de ser un espectáculo estridente y vacío. Se habla de acciones novedosas y de acabar con las alcahueterías, aunque el grupo que hoy gobierna haya estado allí desde hace cuatro años. Y claro, lloverán los likes, pero los likes ni hacen políticas públicas ni solventan semejante contradicción.
En Costa Rica, hay cerca de 20.000 personas privadas de libertad; la mayoría puede que comparta ciertas procedencias, sobre todo porque la evidencia demuestra que las cárceles tienen un fuerte componente de clase y de etnia, pero son tan diversas y heterogéneas como la vida misma.
Eso no implica sublimarlas. Significa reconocer que nuestro sistema penal puede haber atrapado tanto a presuntos líderes del narcotráfico o a sicarios crueles y desalmados como a una adulta mayor de Cariari de Pococí que vendía marihuana en su casa para alimentar a sus nietos de 6 y 8 años, quienes no deberían estar bajo su cuidado, pero que, por las razones que fueran, lo estaban. También puede haber llevado a prisión al hombre que, por una imprudencia, causó la muerte de otra persona en un accidente de tránsito.
Ahora, usar a esa gente como chivo expiatorio frente a la incapacidad de las últimas dos administraciones para resolver la violencia homicida y la penetración del crimen organizado, es ruin. Pienso en sus familias, en sus madres, hijos, parejas, cada vez que escuchan esos discursos, sin entender qué mejora con restringir visitas, limitar alimentos o vestir con uniforme. Hace unos días leí a un sacerdote decir que la introducción de esa estética penitenciaria “parece revelar que ya no basta con castigar; es necesario que el castigo se vea”. Es necesario humillar y deshumanizar y que, de paso, algunos se crean que gobernar es como grabar una nueva temporada de Oz.
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Marco Feoli es abogado, profesor en la Universidad Nacional (UNA) y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU.